El Instituto, en forma previa al pago y en cualquier momento, exigirá al adjudicatario la certificación o acreditación documentada del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, quedando facultado para actuar en conformidad a la ley laboral en materia se subcontratación pudiendo ejercer entre otros los derechos de información y retención establecidos en el artículo 183C del Código del Trabajo, así también podrá actuar conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley N° 19.886.

Durante el período de evaluación la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás, esto es, en tanto no se afecten, a juicio del Instituto, los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

La Comisión Evaluadora también podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación.