18.3. Empates y licitación desierta.

En caso de producirse un empate en el resultado final de la evaluación, el Tercer Tribunal Ambiental resolverá adjudicar la licitación recurriendo al siguiente criterio de desempate:

1)     Plazo de ejecución más acotado: Adjudicando quien obtenga el puntaje mayor en el criterio “Experiencia”.

En caso de mantenerse el empate, se recurrirá al siguiente criterio de desempate:

2)      Experiencia del oferente: Adjudicando a quien obtenga el puntaje mayor en el criterio Plazo de ejecución.

En el evento en que debiendo aplicarse los dos criterios de desempate antes indicados, se perpetúe el empate, se recurrirá al siguiente criterio de desempate:

3)     Precio: Adjudicando a quien obtenga el puntaje mayor en el criterio de “Precio”.

3.- Normativa aplicable y regulación de la licitación.

La presente licitación, incluidas su convocatoria, consultas, procesos de evaluación de ofertas, adjudicación, suscripción, condiciones y ejecución de los contratos, se regirá exclusivamente por estas Bases Administrativas, sus Bases Técnicas, sus documentos anexos y por las respuestas y aclaraciones realizadas durante el proceso de licitación en el Portal de Compras Públicas (en adelante www.mercadopublico.cl, o el “Portal”, indistintamente). Para interpretar dichas disposiciones, en caso de dudas, se podrá recurrir a las disposiciones de la ley N°19.886, en adelante “Ley de Compras”, y su Reglamento, contenido en el D.S. N°250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, en adelante el “Reglamento”. En consecuencia, se excluye expresamente toda acción o reclamo no contemplado expresamente en estas Bases o en la legislación aplicable a la entidad licitante.

La presentación de ofertas implica la aceptación por parte del oferente de todas y cada una de las disposiciones contenidas en las presentes Bases, las normas y condiciones que regulan tanto el mecanismo de licitación, selección y adjudicación, así como la ejecución del contrato, sin necesidad de declaración expresa.

En la presente licitación podrán participar todas las personas naturales y jurídicas, chilenas o extranjeras que no se encuentren en algunas de las situaciones del artículo 4° de la ley N° 19.886, y cuyo giro comprenda los servicios licitados en estas Bases. Serán excluidos, en conformidad a la ley de compras, quienes al momento de la presentación de la oferta y dentro de los dos años anteriores, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

Para acreditar lo anterior, los postulantes deberán presentar una declaración jurada simple, firmada por el oferente o su respectivo representante legal, que indique tal circunstancia. Formato tipo para esta declaración se encuentra en el formato anexo a la presente licitación, y deberá ser adjuntada en anexo al Portal antes del cierre de recepción de las ofertas.

Si la persona o empresa contratada registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, el primer estado de pago producto del contrato deberá ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la adjudicataria acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentren liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato.

El Tercer Tribunal Ambiental exigirá que la adjudicataria proceda a dichos pagos y presente los comprobantes y planillas respectivas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la adjudicataria, dará derecho al Tribunal a dar por terminado el respectivo contrato, de pleno derecho y sin lugar a indemnización alguna a favor del adjudicatario. En este evento, se podrá llamar a una nueva licitación, en la que la adjudicataria referida no podrá participar.

Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista deberá igualmente cumplir con los requisitos precedentemente señalados. 

16.- Solicitud de aclaraciones a los oferentes.

La Comisión Evaluadora a través de la Jefa de Administración y Presupuesto del Tribunal podrá solicitar a los oferentes, por escrito y través del Portal, que salven errores u omisiones formales, detectados durante el período de evaluación, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a los oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Portal. Estas aclaraciones formarán parte de la oferta del proponente.

Si la Comisión Evaluadora estima necesario hacer uso de su facultad de solicitar un determinado antecedente, debe realizarlo para todos aquellos oferentes que se encuentren en la misma situación.

Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.

Mediante la aclaración no podrán modificarse aspectos sustanciales de la propuesta, de tal forma que la oferta no podrá, mediante las aclaraciones, transformarse en otra diferente, ni constituir una nueva oferta.

Para estos efectos se otorgará un plazo de 24 horas contadas desde el requerimiento, informado a través del Portal, para que el o los oferentes subsanen el error o la omisión de las formalidades exigidas. Si el o los oferentes no dan respuesta en el plazo establecido y del modo indicado, la incidencia que ello tenga en la evaluación de la propuesta será de exclusiva responsabilidad del proponente.

En el caso que la solicitud corresponda a archivos o documentos, y siempre que no exista la factibilidad técnica en el Portal, hecho que debe ser demostrado, estos documentos deberán ser ingresados en la Oficina de recepción del Tercer Tribunal Ambiental, ubicada en calle General Lagos N° 837 de la ciudad de Valdivia.

La Comisión Evaluadora tendrá facultades para aceptar propuestas que presenten defectos menores de forma, que constate en el proceso de evaluación, siempre que ello no implique o confiera una situación de privilegio respecto de los demás competidores.

35.6. Pacto de Integridad

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta

expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes.

Especialmente, el oferente acepta suministrar toda la información y documentación que sea

considerada necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo

expresamente los siguientes compromisos:

1. El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1o, 4o, 5o, 6o, 12o, y 16o, en conformidad al artículo 485 del código del trabajo.

Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus

actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

2. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución del contrato que se derive de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del contrato, si lo hubiere.

3. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o formas.

4. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación que deba

presentar durante el proceso licitatorio y en la ejecución del contrato, si lo hubiere, tomando

todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de la misma.

5. El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio y en la ejecución del contrato, si lo hubiere.

6. El oferente manifiesta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación y en el contrato respectivo, si lo hubiere.

7. El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean cabalmente cumplidas por sus empleados, asesores, agentes y, en general, por todas las personas con que aquél se relacione directa o indirectamente en virtud de la presente licitación, incluidos sus subcontratistas, si corresponde, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.