1. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS:

1.1.        Comisión Evaluadora

Las propuestas serán evaluadas por una comisión evaluadora integrada por tres funcionarios/as de la Subsecretaría.

La comisión evaluadora emitirá un informe fundado en los criterios de evaluación, y ponderación de estos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 9.2 de las bases de licitación. El informe antes señalado se enviará a la autoridad correspondiente, incluyendo una propuesta de adjudicación.

La Subsecretaría informará a través del portal www.mercadopublico.cl, el resultado del llamado a licitación.

La comisión evaluadora declarará en la oportunidad que se requiera que no presenta conflictos de interés para participar como equipo evaluador en el presente proceso de licitación, y al mismo tiempo guardarán confidencialidad del proceso de evaluación mediante las debidas declaraciones juradas serán publicadas en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas. Lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 nonies del Capítulo VII de la Ley de Compras y Contrataciones, y el artículo 108 del reglamento de la misma ley N°19.886.

Los motivos por los cuales puede suscitarse conflicto de interés y es razón de abstenerse de ser parte de una comisión evaluadora, son los señalados en el artículo 35° quinquies de la Ley.

La comisión actuará en los términos previstos en el artículo 57 del reglamento de la ley N° 19.886.

En el marco de la ley N° 20.730, los/as funcionarios/as de planta o contrata o prestadores de servicios, si los hubiere, que formarán parte de la Comisión Evaluadora serán transitoriamente sujetos pasivos de la mencionada ley de Lobby.

Quedará prohibido que los integrantes de la comisión concedan reuniones a terceros (oferentes o no), sobre materias vinculadas a la evaluación.

Finalmente, desde el momento de la apertura de las propuestas hasta el momento de la adjudicación del contrato, los oferentes sólo podrán mantener contacto con la Entidad Licitante para los efectos de ésta en aquellas instancias previstas en las Bases de Licitación, quedando prohibido cualquier otro tipo de contacto.

La comisión evaluadora podrá apoyarse técnicamente en los profesionales que estime pertinentes para salvaguardar las condiciones técnicas de la compra.

La integración de la comisión evaluadora se publicará previo a la apertura de las ofertas en el Sistema de Información, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 del Reglamento de la ley de Compras.

Asimismo, en caso de ser necesario la comisión evaluadora podrá sesionar vía remota, mediante un soporte de video conferencia que permita la expedita reunión de sus miembros.

De lo anterior debe dejarse constancia en el acta de evaluación de la comisión, documento que será aprobado por los medios electrónicos que correspondan.

1.2.        Criterios de Evaluación

Para la evaluación y calificación de las propuestas, se considerarán los siguientes criterios y metodología de evaluación, con los porcentajes que se indican:

1.2.1.    Criterios:

1.2.2.    Metodología de Evaluación:

1. Administrativos (10%)

3.1. Inclusión laboral y/o género (5%):

Se entenderá por inclusión, para efectos de la asignación de puntaje en este criterio de evaluación, lo siguiente: elementos que promuevan o permitan generar mejoras en la forma y oportunidad de incorporar en los ambientes laborales a personas en desventaja por alguna de las situaciones descritas (etnia, discapacidad o género).

Adicionalmente de acuerdo con lo previsto en el art. 55 del Reglamento de la Ley de Compra:

• Se entenderá que una empresa promueve la igualdad de género cuando incluye políticas o prácticas del lugar de trabajo para reducir brechas salariales; fomentar contrataciones equitativas, la corresponsabilidad en los cuidados, y reducir la desigualdad de género. Para estos efectos será según lo señalado en el Anexo N° 6.
• Se entenderá que una empresa promueve los liderazgos de mujeres dentro de la estructura organizacional, cuando sea acorde al artículo 4, numeral 15, del reglamento de la ley 19.886.
• Se entenderá que una empresa impulsa la participación de grupos subrepresentados cuando incluye políticas y prácticas para la inclusión y contratación significativa de personas que enfrentan barreras estructurales y desventajas en su acceso, permanencia y desarrollo en el mercado laboral.

En el contexto anterior el criterio se calculará a partir de los siguientes factores que se ha establecido para satisfacer el concepto de inclusión. Completar Anexo N° 6:

**Podrá acreditarse el cumplimiento si se acompañan las extensiones o prórrogas de contrato de trabajos siempre que se encuentren vigentes y tengan el carácter de indefinidas.

***Se entenderá cumplido el requisito si quien oferte al menos acredita contar con una persona contratada bajo cualquiera de los factores que se indica.

**** Para el factor de inclusión mujeres trabajadoras podrá cumplirse con una o más materias, pero sólo se otorgará puntaje por factor específico.

Asignación del puntaje:

3.2. Programa de Integridad (3%):

Quienes contraten con la Administración del Estado deben demostrar que han tenido un comportamiento íntegro, lo que se traduce en que las personas que trabajan para el/a proveedor/a y participen en las actuaciones que deben llevarse a cabo durante la etapa concursal y luego en la ejecución del contrato, procedan con la debida integridad.

Lo anterior significa que el oferente y su personal deben dar cumplimiento a los principios éticos, morales y de transparencia que rigen el proceso de contratación pública, y deben actuar con transparencia, legalidad y veracidad en el proceso, y en la entrega de información y antecedentes presentados en su propuesta.

Con ese fin, el oferente debe presentar declarar copulativamente en oferta, lo siguiente:

1. Declarar en Anexo N° 5 si cuenta o no con el Programa de integridad.
2. Acompañar, con su oferta, el programa de integridad, de contar con él (artículo 17 Reglamento de la ley de compras);
3. Acompañar los antecedentes que den cuenta de que éste es conocido y aplicado por su personal (artículo 17 Reglamento de la ley de compras).

Sólo se asignará puntaje a quienes oferten y cuenten con un programa de integridad que pueda acreditarse que se encuentre difundido en su empresa y con sus colaboradores, cumpliendo los N°s 1, 2 y 3 precedentes).

Cálculo del puntaje:

Cuenta con programa de integridad              100 puntos

No cuenta con programa de integridad             0 puntos.

En caso de tratarse de personas naturales que participen del proceso, recibirán el puntaje íntegro para este criterio.

En caso de tratarse de una UTP al menos uno de los integrantes de ésta debe contar con el programa de integridad debidamente difundido en su empresa.

3.3. Cumplimiento de requisitos formales (2%):

Los requisitos formales son aquellos requisitos solicitados en las bases de licitación, respecto del cumplimiento con la correcta presentación de la oferta, a saber:

1)    Presentación de Anexos administrativos y Anexos técnicos según formatos.

2)    Consistencia de la información presentada en la ficha del portal y documentos anexos.

3)    Anexos técnicos y documentos solicitados se encuentran debidamente firmados y llenados, según se solicita.

La omisión, rectificación o aclaración de antecedentes, serán consultadas a través del foro inverso (aclaración de ofertas) en la etapa de evaluación, teniendo un tiempo de espera de respuesta de 48 horas desde que se realiza la consulta, la no respuesta por quienes oferten en el plazo establecido incurrirá en la obtención del puntaje mínimo establecido para este criterio, y si el requerimiento de información fuera necesario para completar la evaluación del proveedor, éste quedará desestimado del proceso de licitación, declarándose su oferta como inadmisible.

Asignación del puntaje:

1.3.        Puntaje mínimo de adjudicación

Para efectos de evaluación, serán consideradas las propuestas que acrediten mediante copia de documentos, la formación profesional y experiencia que señalen en sus propuestas. Quienes no adjunten dicha información, obtendrán el puntaje mínimo asignado a cada criterio de evaluación, según corresponda. Adicionalmente, la Subsecretaría no adjudicará a ninguna oferta que obtenga menos del 65% del puntaje ponderado total.

1.4.        Mecanismo para dirimir empates

En el caso de verificarse un empate en la calificación final obtenida entre dos o más oferentes, se aplicarán los siguientes criterios para los efectos de dirimirlos, en el orden de prelación que a continuación se indica:

1. En caso de existir algún empate en la evaluación final obtenida entre dos o más oferentes, primeramente, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido el máximo puntaje ponderado en el criterio de evaluación “Propuesta Técnica”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido el mayor puntaje ponderado en la evaluación en el criterio “Oferta económica”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido el mayor puntaje ponderado en la evaluación en el subcriterio “Experiencia jefe/a de consultoría en el sector público y/u organismos multilaterales en materia financiera y presupuestaria”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido el mayor puntaje ponderado en la evaluación del subcriterio “Perfil del equipo de la consultoría”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido el más alto puntaje ponderado en la evaluación del criterio “Inclusión laboral y/o género”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en la evaluación del criterio “Programa de integridad”.

1. Si luego de aplicar el criterio precedente se mantuviese el empate, se resolverá el empate a favor de aquel oferente que hubiere obtenido la más alta ponderación en la evaluación del criterio “Cumplimiento de Requisitos formales”.

1. En caso de mantenerse el empate, se resolverá por la fecha y hora de ingreso de la oferta en el Sistema de Compras.

1.5.        Aclaraciones y/o consultas a las Bases de Licitación

Los proponentes podrán solicitar aclaraciones, en relación con las presente Bases de Licitación Pública, únicamente mediante la funcionalidad de foro otorgada por el portal www.mercadopublico.cl. 

La Subsecretaría dará respuesta por escrito a todas las consultas que sean realizadas a través de la funcionalidad antes señalada en el mismo sitio web: www.mercadopublico.cl., dando a conocer también el texto de consulta de que se trate.

1.6.        ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACIÓN

La Subsecretaría exigirá que todos los antecedentes solicitados en la presente licitación pública sean ingresados digitalmente en la oferta del proveedor/a como archivos adjuntos.

Solamente en el periodo de evaluación y en los casos que la Subsecretaría lo estime necesario, y ante la omisión o rectificación de antecedentes y errores, se solicitará durante el proceso de evaluación la rectificación de documentación en términos formales, mediante la funcionalidad de “Aclaración de Ofertas” - “foro inverso”, disponible en el Sistema de Información de Compras y Contrataciones Públicas, sitio web: www.mercadopublico.cl. Los antecedentes formales solicitados deberán ser publicados bajo la misma funcionalidad, en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

Cabe señalar que lo anterior se enmarca en lo establecido en el artículo 56, del reglamento de la ley N° 19.886.

La Subsecretaría no se responsabiliza por el uso incorrecto de las plataformas digitales, los aplicativos o la página web de ChileCompra www.mercadopublico.cl, siendo de responsabilidad de cada proveedor/a, proporcionar la información requerida por el sistema electrónico de contratación y por las presentes bases, para la correcta y completa presentación de ofertas. El uso incorrecto de los recursos electrónicos necesarios para este proceso de contratación facultará a la Subsecretaría para rechazar las ofertas.

1.7.        PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

El oferente debe ingresar su oferta técnica a través de los Anexos adjuntos a las presentes bases de licitación, así como toda la información que la respalde en formato digital legible al portal www.mercadopublico.cl, en los plazos ahí señalados, indicando con detalle, las características y descripción de lo ofertado, debiendo entregar, como mínimo, la información ahí solicitada.

En caso de existir inconsistencias u omisiones en la información, se aplicará, si procede, lo señalado en el numeral denominado: “Presentación de antecedentes omitidos por los proponentes”, dispuesto en las presentes bases.

1.8.        COSTOS

Los costos derivados de la formulación de la oferta en que incurrirá el proponente serán de su cargo, no dando origen a indemnización alguna en caso de ser rechazada, desestimada o no considerada su oferta por la Subsecretaría.

1.9.        INADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

La Subsecretaría se reserva el derecho a declarar inadmisibles una o más de las ofertas presentadas, en la etapa de apertura de la licitación, cuando éstas no cumplieren cualquiera de los requisitos o exigencias establecidos en las presentes bases de licitación pública, sin que ello otorgue derecho alguno a los oferentes a reclamar indemnización alguna por este motivo.

Serán declarados inadmisibles en el Acto de apertura del proceso, aquellas propuestas que:

-      No presenten o no completen cualquiera de los Anexos N° 1, 2, 3, 4, 6 y 7, establecidos en las presentes bases de licitación.

-      No presentar Anexo N° 8 y escritura pública para casos de postulación de UTP y/o no postular electrónicamente como UTP en el sistema de información, si ese fuera el caso.

-      No acompañen la propuesta técnica al Anexo N° 1

-      Superen el plazo máximo para la ejecución de la consultoría (90 días corridos).

-      Excedan el presupuesto máximo disponible para la licitación.

Con toda la comisión evaluadora podrá rechazar las ofertas que encontrándose en evaluación se evidencien inconsistencias o incumplimientos técnicos y/o administrativos específicos respecto de lo requerido en las bases técnicas de la licitación, motivo que será debidamente declarado y fundado en el acta de evaluación de ofertas.

El Anexo N° 1 debe presentarse firmado y acompañando la totalidad de los documentos ahí señalados, no basta sólo con su presentación firmada, debe acompañar lo que en él se solicita.

1.10.     DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN CONSULTAS SOBRE LA MISMA Y RE-ADJUDICACIÓN.

Notificación: La Subsecretaría informará a todos los oferentes del resultado de la licitación y la adjudicación de ésta, a través del portal www.mercadopublico.cl. 

Re-adjudicación: Si quien se adjudique desiste de su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratar, no acepta la orden de compra o pierde la habilidad para contratar con el Estado en los plazos que se establecen en las presentes bases, la entidad licitante dejará sin efecto la adjudicación y seleccionará al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje, y así sucesivamente, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se estime conveniente declarar desierta la licitación.

En consecuencia, cualquier incumplimiento de quien resulte adjudicado/a, facultará a la Subsecretaría de Agricultura para dejar sin efecto la adjudicación y readjudicar la licitación al oferente que haya obtenido la segunda mejor puntuación ponderada de acuerdo con la evaluación efectuada por la Comisión Evaluadora.

Declaración de Desierta: La Subsecretaría podrá declarar desierta la licitación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9° de la ley N° 19.886.

Consultas y reclamos: quienes tengan consultas respecto de la adjudicación o de su proceso, podrán realizar formalmente sus consultas a través del encargado de la presente licitación a la casilla de correo electrónico: compras@minagri.gob.cl, quien debe responder en un plazo no superior a 48 horas y podrán presentar sus reclamos a través de la plataforma de probidad activa dispuesta en el sistema de información de compras y contrataciones públicas www.mercadopublico.cl.

1.11.     MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN

La Subsecretaría podrá modificar las presentes bases de licitación pública, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por algunos de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos.

La Subsecretaría podrá ampliar los plazos establecidos en las presentes bases si tiene lugar situaciones determinadas como fuerza mayor o caso fortuito, lo que será calificado formalmente por esta entidad, siempre previo al cierre del proceso de licitación y otorgando un plazo prudencial para ofertar.

La modificación se hará efectiva una vez que sea aprobada por el respectivo acto administrativo.

1. CONTRATO:

La Subsecretaría suscribirá el respectivo contrato con quien se adjudique la licitación en cuestión, previa acreditación de su habilidad para contratar con el Estado y de haber incorporado en el sistema de información la versión digital de todos sus antecedentes que acrediten existencia, vigencia y personería en dicho portal o haberlos presentado formal y físicamente ante la Subsecretaría.

La validez del contrato estará sujeta a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe.

Previa suscripción del contrato el oferente debe acreditar, además, el cumplimiento de las normas laborales y previsionales del equipo que se desempeñará en las labores de la citada prestación de servicios. En caso de ser personal a honorarios, debe presentar una declaración jurada que acredite tal situación.

Posterior a la suscripción del contrato, el proponente debe hacerse cargo de cualquier gasto que eventualmente deba efectuarse como producto de demandas de carácter laboral del personal que se desempeñe en el desarrollo de la mencionada prestación de servicios, conflictos en los cuales la Subsecretaría de Agricultura no tendrá participación alguna.

Para el caso de que la empresa o persona natural que celebre el contrato, registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, la Subsecretaría de Agricultura establecerá en el contrato que los primeros estados de pago producto del servicio licitado, deben ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo acreditar, mediante comprobantes y planillas, que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de tres meses. Se requerirá, también, la presentación mensual de un certificado especial de la Dirección del Trabajo, sobre esta materia.

En caso de incumplimiento de estas obligaciones por parte de la empresa o persona natural contratada, la Subsecretaría de Agricultura podrá dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la que la empresa o persona natural referida no podrá participar.

Si el oferente adjudicado no firmare el contrato por causa imputable a él, en el plazo máximo de 10 días corridos, contados desde la comunicación de la adjudicación de la presente Licitación Pública, su oferta podrá dejarse sin efecto, pudiendo la Subsecretaría, en ese caso, aceptar la oferta del proponente que sigue en el orden de precedencia, o declarar desierta la licitación.

La Justicia Ordinaria resolverá los problemas o divergencias que se pudieren suscitar entre las partes con motivo de la prestación del servicio, para lo cual, las partes fijan domicilio en la comuna de Santiago, de la ciudad del mismo nombre, Chile, sin perjuicio de las facultades de la Subsecretaría de Agricultura y las atribuciones de la Contraloría General de la República.

Antecedentes legales para ser contratado:

Quien se adjudique debe reunir y acompañar los antecedentes legales señalados a continuación para ser contratado, ya sea en soporte en papel, o bien, mediante su incorporación en el sistema de información, en los plazos señalados en el párrafo anterior. En el caso de una Unión Temporal de Proveedores, los antecedentes requeridos, deben ser presentados por cada uno de sus integrantes, además de la escritura pública en que conste su constitución.

A.-       Persona jurídica:

-    Certificado de Vigencia de la personería de sus representantes legales, extendido por el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces respectivo, con una antigüedad no superior a 60 días desde su emisión o Certificado de Vigencia emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, en el caso de las sociedades acogidas a la Ley 20.659 o, bien, copias de estos, debidamente autorizadas por un Notario Público.

-    Fotocopia de la escritura pública de constitución de la sociedad o certificado de estatuto actualizado emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, en el caso de sociedades acogidas a la Ley 20.659.

-    Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad del Representante Legal.

-    Fotocopia simple de RUT de la Empresa.

B.-       Persona Natural:

-    Fotocopia simple de la cédula nacional de identidad del adjudicatario.

-     Fotocopia simple de iniciación de actividades del SII.

C.-       Unión Temporal de Proveedores (UTP):

En caso de adjudicarse una UTP, debe presentar una fotocopia de la escritura pública en que conste la formalización de la Unión Temporal de Proveedores y se establezca, a lo menos, la solidaridad entre las partes, el nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes y que la vigencia de esta Unión no sea inferior a la vigencia del contrato que se suscriba; siempre que el adjudicatario sea dos o más proveedores.

2.1.        Inicio del contrato

El inicio del contrato estará sujeto a la total tramitación del acto administrativo que lo apruebe juntamente con la emisión de la orden de compra, y se extenderá por el plazo ofertado por quien sea adjudicado, el que no podrá superar los 90 días corridos.

2.2.        Incumplimientos:

2.2.1.    Tipos de incumplimientos:

La Subsecretaría estará facultada para aplicar multas cada vez que el adjudicatario no proporcione los servicios y productos convenidos dentro de los plazos fijados en su oferta o bajo las condiciones establecidas en las presentes bases de licitación. Dichas multas serán aplicadas en forma administrativa, descontándolas del pago que se adeude el proveedor.

A continuación, se detallan los criterios conforme a los cuales se determinarán y aplicarán las multas por incumplimientos en la contratación:

La multa será cobrada en pesos chilenos, considerando para la conversión el valor de equivalencia de la Unidad de Fomento al día de la notificación de aplicación de ésta.

Las multas se descontarán del pago de la factura correspondiente y en caso de existir estados de pago pendientes podrá descontarse del próximo estado de pago, mientras se tramita completamente la aplicación de la multa, del mismo modo en caso de no existir estados de pago pendientes las multas deberán ser pagadas en los términos que establezca el acto administrativo que las aplique lo indique.

En cualquiera de los casos, la sumatoria de las multas aplicadas no deberá exceder el tope máximo del 30% del total del contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 136 del reglamento vigente de la Ley de Compras N° 19.886, o cuando se apliquen más de tres multas totalmente tramitadas en el periodo de vigencia del contrato. Cualquiera sea la situación, podrá ser causal de término anticipado del contrato, según lo estipulado en numeral 10.5 de las presentes bases de licitación.

2.2.2.    Procedimiento de cobro de multas:

Una vez producido el incumplimiento la Subsecretaría lo notificará por escrito, mediante el acto administrativo correspondiente al contratante, otorgando un plazo de cinco días hábiles a partir de su notificación, para que quien preste al servicio formule sus descargos en el plazo mencionado.

Las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción.

Sin perjuicio de lo anterior, también podrá notificarse a través de los otros medios establecidos en la ley N°19.880.

La multa será cobrada en pesos chilenos, considerando para la conversión el valor de equivalencia de la Unidad de Fomento al día de la notificación de aplicación de ésta.

Las multas se regirán y aplicarán en los términos previstos en los artículos 135, 136, 137, 138, 139 y 140, del reglamento de la ley N° 19.886.

2.3.        Precio, Forma de pago y facturación

2.3.1.    Precio y forma de pago

El servicio contratado se pagará en 2 cuotas, previa recepción conforme de las entregas correspondientes de cada uno de los puntos definidos en el numeral 3 de las bases técnicas y 10.6. de las administrativas de la presente licitación, según corresponda, y de acuerdo con lo siguiente:

a)  Un primer pago, equivalente al 40% del total del monto del contrato, contra la presentación y recepción conforme del informe N°1, entregable a los 30 días corridos contados desde el inicio del contrato.

b)  Un segundo pago, equivalente al 60% del total del monto del contrato, contra la presentación y recepción conforme del informe final, 90 días corridos contados desde el inicio del contrato.

2.3.2.    Facturación:

Una vez recibido conforme los servicios, por parte de la contraparte técnica, quien preste el servicio debe emitir las facturas, de acuerdo con el detalle de la orden de compra enviada a través del Sistema de Información de Compras y Contratación Pública, consignando lo siguiente:

Razón Social                         : Subsecretaría del Ministerio de Agricultura

RUT                                       : 61.301.000-9

Dirección                               : Teatinos N° 40, Santiago.

Giro                                        : Servicio Público

Glosa                                     : Detalle del servicio y cuota correspondiente.

Las facturas serán pagadas en un plazo no superior a los 30 días corridos, contados desde su recepción conforme.

El archivo XML de las facturas debe ser ingresado electrónicamente a la siguiente casilla: subagriculturarecepcion@custodium.com. La factura debe contener en el campo folio (801) el ID de la orden de compra y consignar la opción de pago “crédito”. Adicionalmente debe enviar copia del PDF de la factura al correo electrónico: facturasagricultura@minagri.gob.cl, donde debe acompañar otros antecedentes, si así corresponde.

La Subsecretaría de Agricultura, en el marco de lo dispuesto en el N° 2 del artículo 3° de la ley N° 19.983, tendrá un plazo de ocho días corridos siguientes a la recepción de la factura para reclamar de su contenido o tenerse por irrevocablemente aceptada. Dicho reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación, mediante la plataforma electrónica dispuesta por el SII, para dichos efectos.

Es responsabilidad de quien preste el servicio incorporar como documentos adjuntos los antecedentes que se requieran como parte del contrato o acuerdo con la Subsecretaría para materializar el pago (guías de despacho, informes, certificado de leyes sociales, etc.).

2.3.3.    Factoring:

En caso de que quien se adjudique ceda a un factoring la(s) factura(s) asociada(s) a esta contratación, deberá asegurarse de confirmar que la notificación de dicho factoring, se realice oportunamente en la debida dirección de este Servicio, individualizada en el segundo párrafo del presente numeral, de tal forma que el pago sea realizado de acuerdo con el contrato suscrito por el/la proveedor/a.

Cabe señalar que el factoring no se hará efectivo en caso de existir obligaciones o multas pendientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del Reglamento de la ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios.

Tratándose de cesión electrónica el/la proveedor/a debe notificar a la contraparte administrativa sobre la decisión de cesión.

2.4.        Término anticipado del contrato

La Subsecretaría podrá poner término anticipado al contrato o modificarlo, sin indemnización de perjuicios, por cualquiera de las causales establecidas en el artículo 13 de la Ley N° 19.886, en el artículo 130 de su reglamento, contenido en el D.S. N° 661, de 2024 del Ministerio de Hacienda y en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de hacer efectiva las multas, en aquellos casos en que ello procediere, de acuerdo con las siguientes causales:

-      Resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.

-      Unilateralmente, cuando quien preste el servicio incurra en incumplimiento grave de los servicios establecidos en el contrato, lo que se establecen las bases de licitación, sus anexos, consultas y aclaraciones, y si requerido para cumplirlas no lo hiciera dentro del plazo que se le señale, sin perjuicio de hacer efectivas las multas que procedieren. Adicionalmente se entenderá por incumplimiento grave, lo siguiente:

ü  haber formalizado más de dos multas durante la vigencia del contrato.

ü  No informar inmediatamente sobre la disolución de la Unión Temporal de Proveedores o el retiro de uno o más integrantes durante la vigencia del contrato. (aplica para las UTP). Salvo autorización previa de la Subsecretaría, no se podrá incorporar nuevos integrantes a la UTP una vez adjudicado el contrato.

-      Unilateralmente, si quien presta el servicio registra incumplimiento del pago de remuneraciones y/o leyes sociales de sus trabajadores, por más de un mes.

-      Unilateralmente, en caso de estado de notoria insolvencia del quien presta el servicio, con la respectiva declaración.

-      Unilateralmente, si quien preste el servicio perdiere las certificaciones y autorizaciones necesarias para funcionar en el giro de su actividad.

-      Unilateralmente si quien preste el servicio supera la aplicación de las multas establecidas en las presentes bases de licitación.

-      Unilateralmente, si la modificación de la Unión Temporal de Proveedores afecta el cumplimiento adecuado de las obligaciones asumidas, o si se transgrede la solidaridad comprometida entre los integrantes.

-      Unilateralmente en caso de no dar cumplimiento con lo establecido en la cláusula de las subcontrataciones, en el sentido de no informar en la oportunidad que corresponde sobre la subcontratación, impidiendo validar la calidad técnica del subcontratado. La Subsecretaría en cuanto tome conocimiento de que ha ocurrido esta situación notificará el término anticipado del contrato.

-      Las demás causales establecidas por el Reglamento de la ley N° 19.886.

En estos casos, la Subsecretaría debe comunicar el término anticipado por escrito, fijándose un plazo de 30 días hábiles, contados desde la fecha de su recepción por parte de quien preste el servicio para liquidar los saldos que se devenguen en favor del Fisco o abonar los gastos eventuales, siempre que éstos tengan directa relación con los servicios a ser prestados, lo cual se acreditará mediante la presentación de las boletas o facturas correspondientes.

2.5.        Supervisión y contraparte técnica

La Subsecretaría de Agricultura se relacionará con el contratante, tanto en los aspectos técnicos como operacionales y administrativos, a través de una contraparte técnica la que estará integrada por al menos un/a profesional de la Subsecretaría de Agricultura, quien o quienes serán designado/a(s) formalmente en el acto administrativo que apruebe el contrato.

Las funciones de la contraparte técnica serán las siguientes:

a)     Supervisar, hacer seguimiento y controlar la entrega de los productos y servicios a adquirir, velando por el estricto cumplimiento de los objetivos señalados en las bases técnicas y de los plazos acordados.

b)     Otorgar la recepción conforme de los productos y/o sistemas adquiridos.

c)      Otorgar orden de pago.

d)     Informar, mediante memorándum al Departamento de Compras y Contrataciones sobre la procedencia de la aplicación de multas ante eventuales incumplimientos por parte del proveedor, señalando la causal y cuantificación de la sanción,

e)     Otorgar su opinión técnica en caso de solicitarse ajustes o modificaciones a la contratación.

La referida Contraparte tendrá acceso en todo momento a las tareas ejecutadas por el proveedor, quien deberá facilitar el cumplimiento de dicha prerrogativa.

La misma contraparte convocará a las reuniones que estime necesario sostener con quien preste el servicio o con determinados profesionales del equipo técnico de este último. Quien preste el servicio debe facilitar la oportuna asistencia y realización de dichas reuniones. Sin perjuicio de lo anterior, las reuniones mencionadas podrán realizarse, también, a requerimiento de él.

2.6.        INFORMES

2.6.1.    Cantidad de Informes:

La consultoría contempla la entrega de los siguientes informes y productos:

Informes y productos de la estrategia financiera y presupuestaria del Ministerio de Agricultura. (se describen en las Bases Técnicas).

Informe N°1: Diagnóstico integral de todos los servicios del AGRO en materia de emergencias, análisis de experiencias comparadas que pueden tener similitud con la agricultura chilena y sus implicancias en materia de presupuesto en GRD, propuesta de entrevistas y actores, propuesta de talleres de trabajo con equipos de Ministerios, sector privado, gremios, revisión bibliográfica de academia y/u organismos internacionales, fuente de material académico a utiliza entre otros.

Considera un análisis histórico del gasto del ministerio y sus servicios con glosa y asignación de emergencia (identificando el origen del presupuesto) incurrido ante situaciones de emergencia entre los años 2010 – 2024.

Informe N°2: Informe final que contenga el Desarrollo de la propuesta sobre Estrategia Financiera y presupuestaria para la gestión de riesgo de desastres en el sector silvoagropecuario, entregando un análisis en profundidad sobre la planificación y ejecución presupuestaria en la materia, revisión de glosas y evolución de gasto, análisis sobre la eficiencia y eficacia del gasto en el sector silvoagropecuaria en materia de GRD y la política pública sectorial, distribución y/o planificación presupuestaria en materia de FGRD según sus fases, recomendaciones técnica y fundamentos para poner a disposición del proceso de formulación presupuestaria. Incorpora una presentación final del estudio a las autoridades del ministerio y otros servicios acordadas en conjunto con la subsecretaría. 

2.6.2.    Procedimiento de Aprobación de Informes

Cada vez que se apruebe un informes, éstos deben hacerse por escrito.

Una vez efectuada su revisión por la Contraparte Técnica, se pueden producir las siguientes situaciones:

a)   El Informe es Aprobado: En este caso la contraparte técnica debe enviar por escrito, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de este, la aprobación correspondiente, generándose el pago respectivo.

b)  El Informe presenta observaciones a ser incorporadas en el informe siguiente. La contraparte técnica debe enviar por escrito la aprobación correspondiente, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción de éste, indicando que las observaciones deben ser resueltas con la entrega del próximo producto, aprobándose por parte de la contraparte técnica del contrato el pago respectivo.

c)   El producto es observado o rechazado. La contraparte debe enviar esta observación dentro de los 10 días hábiles siguientes a la recepción del informe. En este caso quien preste el servicio tiene 7 días hábiles para corregir los puntos observados. Se entenderá por observación cualquier comentario de la contraparte técnica del contrato, respecto de no cumplimiento de objetivos, tareas o actividades especificadas en el presente contrato que, a su juicio, impida aprobar el producto y que, por tanto, implique la calificación de “Insuficiente”.

Si ocurre lo indicado anteriormente, se podrán producir las siguientes situaciones:

1. Quien preste el servicio entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados y son aprobadas por la Contraparte Técnica, por lo cual éste debe enviar por escrito la aprobación y la fecha de recepción prevista para el siguiente.
2. Quien preste el servicio entrega las correcciones dentro de los plazos estipulados, pero la Contraparte Técnica estima que aún no se ajusta a lo solicitado. En este caso, se remitirán las nuevas observaciones a quien preste el servicio para su re-corrección por medio de una comunicación escrita, disponiendo de 7 días hábiles para corregir los puntos observados.

Este proceso podrá repetirse hasta un máximo de dos (2) veces. La tercera vez que un mismo informe sea observado por la contraparte técnica, se aplicarán las multas indicadas en las presentes bases.

En caso de que por cuarta vez suceda lo mismo, la Subsecretaría considerará este hecho como incumplimiento del contrato y procederá al término anticipado del mismo.

Tanto en la recepción de los productos o informes como en la recepción de las correcciones a los mismos, si las hubiere, pueden producirse atrasos. Por cada uno de estos días de atraso se cobrarán las multas establecidas en las presentes bases.

Para efectos del cómputo de los plazos a que se refiere la presente cláusula, las notificaciones se entenderán practicadas desde el día de recepción de éstas, sean realizadas electrónicamente o por carta certificada.

En caso de que la situación descrita implique una ampliación de la vigencia del contrato, dicha situación también será formalizada mediante el respectivo acto administrativo, hasta cumplir con los términos y condiciones de las presentes bases.

2.7.        Fuerza mayor o caso fortuito

Ni el proveedor ni la Subsecretaría serán responsables en caso de demora o tardanza en la ejecución de sus obligaciones contractuales debido a hechos calificados como fuerza mayor o caso fortuito, conforme lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil.

Quien resulte adjudicado y se vea afectado por una situación de fuerza mayor o caso fortuito notificará, por escrito a la Subsecretaría, dentro de los cinco primeros días de ocurrido el hecho; además, la solicitud de prórroga que se requiera al efecto deberá contener los fundamentos y antecedentes en que consten los hechos que constituyen la situación señalada acompañando los documentos necesarios para mejor resolver.

La calificación de fuerza mayor o caso fortuito, corresponderá resolverla a la Subsecretaría de Agricultura mediante resolución fundada, sobre la base de los antecedentes que le proporcione el proveedor y/o aquellos que obtenga de terceros o sean de conocimiento público.

En caso de que la situación descrita implique una ampliación de la vigencia del contrato, dicha situación también será formalizada mediante el respectivo acto administrativo, hasta cumplir con los términos y condiciones de las presentes bases.

2.8.        Subcontratación

La persona o empresa adjudicada podrá subcontratar, con terceros la prestación parcial de los servicios contratados hasta una cuantía equivalente al 15% de la totalidad del precio del contrato, siempre que ello sea informado por escrito a la Subsecretaría, con la debida antelación, esto es, con a lo menos 10 días hábiles anteriores a la fecha de subcontratación. La Subsecretaría se pronunciará por escrito, en orden a la aceptación o rechazo de la propuesta de subcontratación efectuada. Dicho porcentaje no incluye los profesionales que contrate a honorarios.

La persona del subcontratista o sus socios o administradores, no pueden estar afectos a las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el artículo 154, de conformidad con lo que se dispone en la letra d), del inciso tercero, del artículo 128, ambos del reglamento de la ley N° 19.886.

2.9.        Confidencialidad

Si en la ejecución del contrato, se identifica información, material y/o equipo que requieran ser protegidos y clasificados, el adjudicatario guardará confidencialidad respecto de la información que en el cumplimiento del contrato conociera de la Subsecretaría. Toda información que sea revelada o haya sido revelada por la Subsecretaría al adjudicatario, sus asesores o empleados, sean dependientes o no, de manera verbal, escrita, gráfica, electrónica o de cualquier otra forma, sea que dicha información le pertenezca o no a la Subsecretaría, y toda la información que el adjudicatario, sus asesores, empleados dependientes o no, tomen conocimiento, en cualquier forma, en relación con la Subsecretaría, tendrá carácter de confidencial. La información que se revele verbalmente será considerada confidencial desde el momento de su revelación, con el objeto de mantener la reserva y confidencialidad de la información que reciba el adjudicatario de parte de la Subsecretaría. Con todo, esta confidencialidad se referirá a:

• No usar en el momento de la ejecución del contrato ni en el futuro, total o parcialmente la información, para ningún propósito distinto a la prestación de los servicios a la Subsecretaría.
• Mantener dicha información en secreto y reserva, y no dar acceso a ninguna persona, sea natural o jurídica, a la misma, restringiendo su divulgación únicamente a sus asesores o empleados, sean dependientes o no, que necesiten saber tal información en relación con la provisión o posible provisión de servicios a la Subsecretaría.
• No hacer copias, ni permitir que otros hagan copias o reproduzcan, antecedentes o documentos que contengan información, salvo que la Subsecretaría lo autorice en forma previa y por escrito.
• La Subsecretaría tendrá el derecho para exigir en cualquier momento, la devolución de todo o parte del material, documentos u otros, que pueda haberle entregado o facilitado al adjudicatario que contenga información confidencial, debiendo esta última en dicho caso proceder a la devolución inmediata de lo solicitado.
• Tomar todas las medidas necesarias para que la información confidencial mantenga ese carácter, evitando situaciones y actos que puedan producir un perjuicio para la Subsecretaría.

Las obligaciones de reserva y confidencialidad que emanen del contrato se mantendrán por todo el tiempo en que el adjudicatario preste servicios a la Subsecretaría y se extenderá en el futuro permanentemente, salvo autorización expresa de la Subsecretaría, que permita revelar total o parcialmente la información entregada.

2.10.     Prórroga, modificación del contrato y/o servicios conexos

El contrato podrá ser modificado y/o prorrogado, en este último caso por única vez, previo acuerdo escrito entre ambas partes, por un plazo máximo que no podrá superar los 30 días corridos adicionales a la vigencia original y en caso de requerirse un ajuste presupuestario éste no podrá superar el 20% del monto total del contrato.

La prórroga estará sujeta a la evaluación del desempeño de quien preste el servicio durante el período contractual y, debe ser solicitada con una antelación mínima de un mes a la fecha de vencimiento del contrato original. Cualquier modificación adicional, que no vulnere los principios de la contratación, debe ser acordada y suscrita por las partes formalmente y aprobada por el acto administrativo que corresponde.

Del mismo modo, la Subsecretaría podrá eventualmente contratar servicios conexos al contrato, no contemplados en él. Dichas contrataciones no serán de exclusividad para quien se adjudique.

Toda contratación adicional a los términos del contrato se entenderá como modificaciones a éste y deben ser cotizadas en términos de precio, plazos y especificaciones técnicas, con quien preste el servicio, estableándose las condiciones contractuales singulares para dichos efectos.

2.11.     Cesión del contrato:

Quien oferte no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una licitación, de acuerdo con lo consignado en el artículo 126 del Reglamento de la Ley 19.886, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen de estos contratos podrán transferirse de acuerdo con las normas del derecho común.

2.12.     Propiedad Intelectual:

Se entenderá por “Propiedad Intelectual” todos aquellos procedimientos o métodos de elaboración, inventos o descubrimientos, patentes, modelos, diseños y dibujos industriales, secretos industriales o comerciales, nombres de dominio, obras, programas computacionales, datos, bases de datos, conocimientos, know-how, marcas comerciales y signos distintivos y, en general, cualquier bien material o inmaterial y/o derechos e intereses relacionados con la creación intelectual, estén o no protegidos bajo las leyes de propiedad intelectual y/o industrial.

Quien se adjudique la presente licitación no podrá publicar, reproducir, adaptar, ejecutar o comunicar públicamente, comercializar, descompilar, manipular, entregar a terceros y/o utilizar o explotar la Propiedad Intelectual de la Subsecretaría de Agricultura, sino en los términos y en las condiciones que al efecto se han establecido por este instrumento.

Las partes acuerdan expresamente que la totalidad de los derechos de propiedad intelectual sobre toda recomendación, idea, técnica, know-how, diseño, metodología, software desarrollado por o para la Subsecretaría de Agricultura u otra información técnica, sobre el producto final o de alguna de sus etapas de desarrollo, corresponden a la Subsecretaría.

Asimismo, toda información que se genere como parte de la prestación de servicios, será propiedad de la Subsecretaría. Toda la documentación que se genere como parte de la prestación de servicios, ya sea en formato Microsoft Word, PowerPoint, Excel, Project, Adobe PDF, etc., deberá presentarse exclusivamente con la imagen corporativa de la Subsecretaría.

Finalmente, quien resultare seleccionado se obliga a no inscribir a su nombre cualquier proceso, etapa, proyecto o producto originado con ocasión o a causa del servicio contratado en cualquier Registro del país.

      I.        BASES TÉCNICAS

“DISEÑO DE UNA ESTRATEGIA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES PARA EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO”

1. Introducción

La Subsecretaría de Agricultura llama e invita a los proveedores del rubro, personas naturales y jurídicas, chilenas o extranjeras constituidas legalmente en Chile, a participar de la presente licitación pública, para la contratación relativa a un diseño de una estrategia financiera y presupuestaria para el sector público en gestión de riesgo de desastres para el sector silvoagropecuario.

La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) es un enfoque esencial que busca reducir el riesgo de las comunidades, infraestructuras y ecosistemas ante eventos adversos. La identificación de riesgos permite llevar a cabo un análisis de la exposición y vulnerabilidades, evaluando y mapeando los riesgos potenciales a los que está expuesta una comunidad o sector específico, incluyendo factores climáticos, geográficos y socioeconómicos. El monitoreo de amenazas establece sistemas de vigilancia que permiten identificar, rastrear y alertar frente a peligros, como fenómenos meteorológicos extremos, plagas y enfermedades.

Desarrollar estrategias de gestión de riesgo de desastres, entre otras cosas implica crear planes de gestión del riesgo que incluyan enfoques específicos en materia de mitigación, preparación, respuesta y recuperación frente a desastres, adaptados a las características locales. También es crucial generar y promover prácticas sostenibles en sectores vulnerables, como la agricultura, que reduzcan la exposición a riesgos.

Es fundamental invertir en infraestructura que proteja a las comunidades y sectores vulnerables, así como establecer sistemas de alerta temprana y comunicación efectiva. La colaboración institucional es clave, fomentando alianzas estratégicas entre gobiernos, ONGs, el sector privado y las comunidades para maximizar recursos y esfuerzos en todas las fases de GRD.

Alinear políticas y estrategias de diferentes sectores permite abordar la gestión del riesgo de manera integral. Además, es esencial contar con un sistema de monitoreo y evaluación, así como la asignación de recursos a través de fondos de emergencia específicos que financien proyectos en todas las fases de la GRD.

La GRD es vital para reducir el impacto de desastres y aumentar la resiliencia de las comunidades y los sectores vulnerables. Al implementar estrategias efectivas, se puede minimizar la pérdida de vidas, daños materiales e interrupciones en la vida cotidiana.

El diseño de una estrategia financiera y presupuestaria que considere los diferentes componentes de la gestión del riesgo de desastres en el sector silvoagropecuario en Chile es fundamental debido a la vulnerabilidad del sector. Chile es propenso a desastres disruptivos como terremotos, sequías, heladas, granizos, inundaciones e incendios forestales que afectan significativamente la producción agrícola y ganadera. El sector silvoagropecuario es un pilar fundamental de la economía chilena, y su vulnerabilidad ante desastres puede tener graves consecuencias para la seguridad alimentaria y el sustento de miles de familias. La adaptación al cambio climático es esencial para enfrentar los desafíos que este presenta, exacerbando la frecuencia e intensidad de los desastres naturales. Implementar medidas de adaptación fortalece la resiliencia del sector y asegura su viabilidad a largo plazo.

Los impactos económicos de los desastres pueden generar pérdidas considerables, no solo para los productores, sino también para la economía nacional, afectando el empleo y la estabilidad de los mercados. Una estrategia financiera adecuada contribuye a mitigar estos impactos mediante inversiones en identificación, reducción del riesgo, así como para la preparación, y respuesta, permitiendo la protección y estabilidad económica - fiscal y privada - frente a desastres. Promover prácticas agrícolas sostenibles y resilientes contribuye a la conservación de los recursos naturales y al desarrollo sustentable del sector. La gestión adecuada de riesgos es clave para mantener la salud del suelo, la biodiversidad y el agua, elementos esenciales para la producción agropecuaria.

La eficiencia en la asignación y ejecución del gasto público resulta crucial para fortalecer las capacidades del Estado frente a escenarios de riesgo y desastres. La asignación eficiente y el uso óptimo de los recursos públicos garantizan su aplicación estratégica, maximizando el impacto y los resultados de las inversiones realizadas. La inversión oportuna y eficaz en medidas de mitigación y preparación contribuye al fortalecimiento de la resiliencia de comunidades y sectores vulnerables, disminuyendo su exposición y vulnerabilidad frente a desastres.

Un enfoque en la eficiencia del gasto también genera un impacto positivo en la toma de decisiones, proporcionando datos y evidencia que respaldan decisiones informadas sobre inversiones y políticas en GDR. Esto permite identificar y priorizar acciones que ofrecen mayores beneficios en términos de reducción de riesgos y costos asociados.

La eficiencia del gasto público está relacionada con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, lo que genera confianza en la gestión pública y en cómo se utilizan los fondos. Evaluar la eficiencia del gasto permite identificar lecciones y áreas de mejora, lo que lleva a la adaptación y optimización de futuras estrategias y políticas.

La oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR en inglés), considera que invertir de manera eficiente puede resultar en menores costos futuros relacionados con la recuperación de desastres, ya que las medidas de reducción de riesgo suelen ser menos costosas que las reacciones para la respuesta ante desastres ocurridos. Un buen manejo de la eficiencia del gasto puede atraer inversiones y donaciones, demostrando un compromiso con la gestión responsable y efectiva de los recursos.

La eficiencia del gasto es esencial para asegurar que las inversiones en la gestión del riesgo de desastres sean efectivas, sostenibles y tengan un impacto positivo en la resiliencia de las comunidades y la producción agropecuaria. A medida que se enfrentan desafíos cada vez mayores debido al cambio climático y otros factores, la importancia de la eficiencia en la asignación y uso de recursos se convierte en un elemento crítico para el éxito de las políticas y programas en este ámbito.

La planificación y coordinación en materia de GRD son claves para una gestión sostenible por parte del Estado. Un diseño estratégico, eficiente y eficaz facilita la planificación y la asignación adecuada de recursos, asegurando que se destinen a las áreas prioritarias para el sector silvoagropecuario chileno. Asimismo, fomenta la colaboración entre diferentes actores, como el gobierno, organizaciones, no gubernamentales, sector privado y comunidades locales, para una preparación y respuesta más efectiva ante desastres.

Chile ha adoptado compromisos internacionales y legislación en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Una estrategia presupuestaria y financiera alineada ayuda a cumplir con estas obligaciones.

El sector silvoagropecuario representa un pilar estratégico para la economía chilena, al no solo garantizar el suministro de alimentos, sino también contribuir significativamente al empleo y al desarrollo socioeconómico de las comunidades rurales. La producción de frutas, hortalizas, vinos, leche, y otros productos agrícolas, pecuarios y forestales constituye una base esencial para las exportaciones del país. La diversidad geográfica de Chile —desde el desierto de Atacama en el norte hasta la Patagonia en el sur— implica que las distintas zonas productivas estén expuestas a una amplia variedad de amenazas y desastres. Estas incluyen sequías prolongadas en el norte, inundaciones e incendios forestales en la zona central, así como heladas y nevazones extremas en el sur y zona austral del país. A estas amenazas se suman plagas y enfermedades que afectan cultivos y ganado, limitando su desarrollo productivo y generando altos costos económicos y operacionales tanto para los productores como para el Estado.

Desde 2022 hasta 2024, Chile ha enfrentado diversas emergencias agrícolas que han afectado la producción de alimentos, la estabilidad económica del sector y el bienestar de miles de agricultores. Estos fenómenos han obligado al gobierno, principalmente al Ministerio de Agricultura y a los productores a adoptar medidas de mitigación y adaptación. A esto se suman factores como el aumento de costos de insumos y la crisis hídrica, generando desafíos sin precedentes para la agricultura chilena.

Los recursos asignados entre 2022 a 2024, superan los MM$78.175, según el tipo de emergencias no sanitarias climáticas y no climáticas, y han sido destinados apoyar a más de 47.000 agricultores afectados por diferentes emergencias.

El diseño de una estrategia financiera y presupuestaria para la gestión del riesgo de desastres en el sector silvoagropecuario en Chile es crucial para racionalizar los recursos fiscales, la economía, garantizar la seguridad alimentaria, promover la sostenibilidad, desarrollo de los territorios y aumentar la resiliencia frente a futuros desafíos.

La estrategia financiera y presupuestaria para la gestión de riesgo de desastres en el sector silvoagropecuario debe considerar, al menos los siguientes aspectos:

• Análisis del impacto económico en el presupuesto público a consecuencia de los desastres ocurridos en el periodo que considera el estudio.
• Identificación de los principales instrumentos financieros públicos para cada fase del ciclo del riesgo.
• Proponer lineamientos presupuestarios y financieros para la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el ciclo presupuestario para el sector silvoagropecuario.
• Considerar recomendaciones técnicas que fomenten la articulación institucional entre los servicios del agro, sector privado, sector financiero, GORES, municipios y Ministerio del Interior en materia de GRD para el sector silvoagropecuario.
• Identificación de mecanismos y/o una estrategia para fomentar la transferencia de riesgo del sector silvoagropecuario al sector privado.
• Análisis del rol de Agroseguros (gastos, siniestros, primas, etc.) ante situaciones de emergencias para el periodo propuesto.
• Impulsar la incorporación de la GRD en la planificación presupuestaria sectorial, fortaleciendo el enfoque de finanzas resilientes en el ámbito público.
• Evaluación del gasto público en materia de GRD en cada una de sus fases en el sector silvoagropecuario.
• Proponer una estrategia financiera y presupuestaria considerando todas las fases de GRD.

1. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA

2.1.       Objetivo general:

Diseñar y proponer una estrategia financiera y presupuestaria con una mirada multinivel (local, regional, nacional) para los diferentes componentes de la gestión de riesgo de desastres en el sector silvoagropecuario, que permita al Ministerio de Agricultura y sus servicios actuar en cada una de sus fases del ciclo de riesgo de desastres.

2.2.       Objetivos específicos:

• Elaborar un diagnóstico integral del gasto público realizado en las distintas fases de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el sector agropecuario chileno durante los últimos 15 años, identificando tendencias, brechas y su impacto sobre la resiliencia del sector.
• Diseñar estrategias de financiamiento complementario entre el sector público y privado, orientadas a fortalecer el enfoque de GRD ante situaciones de riesgo, mejorar la eficiencia del gasto y optimizar la inversión pública en el sector silvoagropecuario.
• Proponer instrumentos que permitan asegurar la disponibilidad oportuna de recursos financieros en todas las fases del ciclo de GRD, especialmente en contextos de emergencia o eventos críticos.
• Establecer lineamientos técnicos para un gasto público planificado, controlado y eficiente, en función de objetivos de prevención, mitigación, respuesta y recuperación ante desastres.
• Incorporar la GRD como criterio transversal en los procesos de planificación y formulación presupuestaria sectorial, demostrando cómo la inversión anticipada en gestión de riesgos reduce significativamente el costo fiscal y las pérdidas económicas futuras.
• Diseñar estrategias para fomentar la participación del sector privado y la cooperación interinstitucional, incluyendo incentivos fiscales y regulatorios para la inversión en resiliencia agropecuaria (seguros agrícolas, tecnologías adaptativas, infraestructura resiliente, entre otros).
• Proponer mecanismos de articulación financiera y presupuestaria entre los niveles central, regional y local, con el fin de fortalecer la gobernanza multinivel en materia de GRD y asegurar una respuesta territorialmente coordinada.

2.3.       Productos de la consultoría.

Informe N°1 – Diagnóstico y análisis de experiencias

Diagnóstico de todos los servicios del AGRO / Análisis de Contexto 2010-2024.

• Evaluación del gasto público de acuerdo con las fases de la GRD activados por los servicios del AGRO ante desastres que hayan afectado al sector silvoagropecuario 2010-2024, considerando las principales actividades afectadas.
• Desarrollar un análisis exhaustivo de la situación actual del sector silvoagropecuario en relación con el financiamiento de las fases de la GRD.
• Identificar los actores clave en la gestión del riesgo de desastres en el sector silvoagropecuario, en materia de gestión financiera, incluyendo instituciones gubernamentales, donaciones y sector privado para identificar fuentes de financiamiento.
• Análisis de los beneficios recibidos por los usuarios INDAP y no INDAP ante situaciones de emergencias, en igual período de tiempo.

• Análisis del rol de Agroseguros (pólizas siniestradas, montos de indemnizaciones, Subsidios del Estado) ante situaciones de emergencia y su activación.

• Revisión de experiencias internacionales comparadas en GRD y sus fases, enfocadas en materia presupuestaria y financiera aplicables al sector silvoagropecuario chileno. Las experiencias para analizar serán definidas en conjunto durante la reunión de acuerdos técnicos, considerando la pertinencia y aplicabilidad al contexto nacional.

• Elaboración de un análisis de riesgos para el sector silvoagropecuario, considerando las principales amenazas que lo afectan —tanto sanitarias como no sanitarias—, basado en el conocimiento existente sobre el riesgo sectorial y los mecanismos actuales de securitización agropecuaria en el país.
• Desarrollo de una propuesta de estrategia financiera y presupuestaria considerando mecanismos de asignación de recursos para las fases de la GRD en el sector silvoagropecuario.

Informe N°2 Final – Propuesta de estrategia financiera y presupuestaria para el sector silvoagropecuario

• Propuesta de estrategia financiera y presupuestaria para el sector público en materia de GRD para el sector silvoagropecuario considerando el ciclo de formulación presupuestaria.
• Propuesta de proyecciones para nuevos programas o instrumentos en materia de GRD e imputación de gasto en todas sus fases, para el sector silvoagropecuario.
• Propuesta de alternativas para fomentar la incorporación del enfoque de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) en el sector silvoagropecuario, tales como: fondo específico que permita financiar de manera sostenida todas las fases del ciclo de la GRD.

• Considerar en la propuesta de estrategia financiera y presupuestaria, incentivos fiscales o subsidios para promover prácticas resilientes y sostenibles en el sector silvoagropecuario.
• Considerar mecanismos de transferencia de riesgo al sector privado y que hoy son absorbidos por el Estado.

El documento con la propuesta de estrategia debe compilar lo expuesto en el informe N°1, los hallazgos, propuestas y recomendaciones, así como un resumen ejecutivo que presente los puntos más relevantes de la estrategia diseñada.

El informe final debe considerar una presentación a las partes interesadas del estudio, mediante la organización de una sesión de trabajo en donde se presente la propuesta de estrategia y los principales resultados del estudio, previa coordinación con la contraparte técnica de la Subsecretaría de Agricultura.

1. PLAZO, PRODUCTOS Y PAGOS:

El plazo total para la prestación y cumplimiento de los servicios de consultoría requeridos será de 90 días corridos y, el cronograma para la entrega y pago de los servicios será el siguiente:

1. PRESUPUESTO:

El presupuesto máximo disponible para la contratación asciende a la suma total de $25.000.000 (veinticinco millones de pesos), valor con impuestos incluidos no reajustables, los que se pagarán en los términos previstos en el numeral 3 de las bases técnicas de esta licitación y numeral 16.2, Forma de pago y productos de Bases Administrativas de la presente licitación.