En caso de que exista un empate en el puntaje, entre dos o más proveedores se aplicará el siguiente procedimiento para determinar la adjudicación:

Se optará por aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio 2. En caso de mantenerse el empate, se seleccionará aquella oferta que cuente con un mayor puntaje en el criterio 2.2.1 De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio 2.2.2. De persistir el empate, se seleccionará a la oferta que presente un mayor puntaje en el criterio 2.2.3.

Finalmente, si aún persiste el empate, se seleccionará a la propuesta que ingresó primero en la plataforma Mercado Público.

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo fatal de cinco (5) días hábiles, contados desde la publicación de la Resolución de adjudicación en el Sistema de Información: plataforma Mercado Público. Dichas consultas podrán realizarse exclusivamente a través del correo electrónico mcontador@minpublico.cl.

En este caso, el MINISTERIO PÚBLICO dispondrá del mismo tiempo mencionado anteriormente para dar respuesta a dichas consultas.

Al emitir cada documento electrónico (factura), el adjudicatario deberá indicar, en el código 802 del formulario de emisión de facturas del SII, el número del centro financiero de la Fiscalía  Regional del Maule: “7”, lo que será estipulado en el contrato. El no cumplimiento de lo anterior dará derecho al MINISTERIO PÚBLICO para rechazar la factura en la plataforma del SII.

Adicionalmente, dado que los servicios licitados contemplan trabajadores bajo régimen de subcontratación, deberá darse cumplimiento a las normas respectivas que regulan la materia, lo que se estipulará en el contrato, para lo cual la adjudicataria deberá emitir y presentar cada mes, desde el inicio de la operación y hasta el total término de la misma, los respectivos Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (solicitado por Formulario 30-1) y la nómina de los trabajadores, relativos específicamente a los trabajadores que prestan los servicios objeto de la presente licitación, donde conste el cumplimiento de dichas obligaciones. Sean de la empresa contratada o subcontratada por ella, en caso de proceder.

Estos certificados deberán ser presentados mensualmente, considerando los servicios del mes inmediatamente anterior y serán requisito fundamental para el pago de los respectivos hitos de pago asociados a los servicios, debiendo existir, por tanto, certificados para cada uno de los meses de contrato, desde el inicio de los respectivos servicios.

De esta forma, para el pago de cualquiera de las facturas mensuales, será necesario que la adjudicataria haya hecho entrega de todos los Certificados de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales mensuales y de las respectivas nóminas de los trabajadores, que correspondía entregar hasta el mes anterior al mes de emisión de la respectiva factura. Asimismo, la entrega del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (solicitado por Formulario 30-1) y la nómina de los trabajadores correspondiente al último mes de operación o servicio, será requisito para la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato. De acuerdo a lo señalado, el siguiente cuadro detalla los requisitos para cada pago, más allá de las recepciones conforme ya establecidas.

En el caso que algún certificado registre deudas por concepto de pago de obligaciones laborales o previsionales, los pagos se efectuarán previa retención de las sumas adeudadas por concepto de incumplimientos laborales según los antecedentes que consten en el referido documento. En el caso que no haya pagos pendientes, las deudas por concepto de pago de obligaciones laborales o previsionales que registren los respectivos certificados serán deducidas de garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. La no presentación del Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales mensual junto a su respectiva factura, dará derecho al Ministerio Público para rechazar dicha factura en la plataforma del SII.

1. ERRORES U OMISIONES FORMALES

El MINISTERIO PÚBLICO durante la etapa de evaluación podrá solicitar a los Oferentes:

a)      Salvar los errores u omisiones formales en que ha incurrido. No se considerará error formal los referidos a la no presentación de las ofertas técnicas y económicas. Asimismo, no se considerará error formal cualquier aspecto relativo al precio de la oferta económica presentada. En el caso de que exista inconsistencia entre el valor declarado en la plataforma Mercado Público y el respectivo documento de oferta económica (Anexo correspondiente), se considerará como válido el segundo, esto es, el valor consignado en el respectivo anexo de oferta económica.

b)      La presentación de certificaciones o antecedentes que hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta; y,

c)      La presentación de certificaciones o antecedentes que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluación de estás.

En los casos antes señalados y a contar de la solicitud del MINISTERIO PÚBLICO en el Sistema de Información: plataforma de Mercado Público, los oferentes tendrán un plazo de 2 días hábiles, o el plazo específico que se indique en el foro, para subir los antecedentes requeridos; siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de Información.

Toda la información y antecedentes que los interesados, sus consultores, personal directo o subcontratado u otras personas relacionadas con ellos obtengan con motivo de esta licitación, serán estrictamente reservados y se entenderá como información confidencial, salvo en los casos en que ésta pase a formar parte del dominio público por causa distinta de la acción u omisión del interesado, en que ésta sea legítimamente revelada por una tercera persona o en aquellos casos en que deba ser revelada por requerimiento legal.

Lo señalado en el párrafo anterior, también regirá respecto de la información relativa al MINISTERIO PÚBLICO de la cual el adjudicatario tome conocimiento en virtud de su relación contractual. En el marco de dicha relación, serán aplicables supletoriamente todas las disposiciones legales referidas a la protección de las comunicaciones privadas, en especial en materia de responsabilidad.

Las ofertas técnicas presentadas por el o los adjudicatarios, los antecedentes y documentación que den cuenta y/o se relacionen con el desarrollo posterior del trabajo adjudicado, los productos e información resultantes del mismo, residentes en cualquier medio, serán de propiedad del MINISTERIO PÚBLICO, siendo su publicación y difusión de exclusiva competencia del MINISTERIO PÚBLICO, de acuerdo a las normas legales que regulan la materia.

El incumplimiento de la obligación de confidencialidad generará las responsabilidades legales que procedan, sin perjuicio de constituir una causal de terminación inmediata del contrato.

El MINISTERIO PÚBLICO no autoriza que sus datos personales sean tratados conforme a lo dispuesto en la Ley N° 19.628. Lo anterior, es sin perjuicio de lo establecido por la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública.

El adjudicatario y sus dependientes quedarán sujetos en esta materia a los lineamientos que la institución defina en relación con su Política de Seguridad de la Información y a los Requerimientos de Seguridad de la información que se indican a continuación.

Requerimientos de Seguridad de la información

a)      Definiciones

A efectos de los servicios solicitados, se entenderá que Información Confidencial significa cualquier información, caso, investigación, conocimiento, know-how, incluyendo a modo de ejemplo antecedentes, informes policiales, notas, análisis, estudios, interpretaciones normativas, predicciones, informes, obras, programas informáticos, dibujos, diagramas, planos, fórmulas y los resultados de su aplicación, diseños, fotografías, propiedad intelectual, procesos, sistemas, metodologías, ideas, innovaciones, listados y otros registros relativos a los asuntos que lleva o ha llevado adelante el Ministerio Público, sean de propiedad de éste, o que se encuentren bajo su posesión, así como toda aquella información que haya llegado o pueda llegar a su conocimiento bajo condiciones de confidencialidad o secreto, ya sea que dicha Información Confidencial se revele en forma verbal o escrita, electrónica, digital, gráfica o de cualquiera otra forma, tangible o no.

También tendrá el carácter de confidencial toda aquella información interna propia del MINISTERIO PÚBLICO relativo a sus actividades y/o proyectos, gestión, funcionarios, Fiscales, contratistas y subcontratistas, finanzas y administración, medidas de seguridad física y lógica, plataformas informáticas utilizadas, códigos de acceso, prácticas usuales y, en general, cualquier otra cuyo conocimiento pueda poner en riesgo la infraestructura, las redes y/o al personal del MINISTERIO PÚBLICO.

b)     Gestión de la Información confidencial

El prestador del servicio se comprometerá a que toda información que se genere dentro del marco de sus actividades en el Ministerio Público, tales como reuniones, mensajes y documentos, cualquiera que sea su formato y soporte, informes verbales o escritos, registros, expedientes, bosquejos, diagramas, diseños de estrategias, correos electrónicos y cualquier otro tipo de comunicación y, en general, que conozca o genere a través de cualquier procedimiento en que haya tomado conocimiento de tal información, sea que lleve la expresión “Confidencial”, “Secreto”, “Reservado” o no, solo podrá ser utilizada dentro del marco específico de que se trate, quedando prohibido cualquier uso de esa información distinto al marco de acción del MINISTERIO PÚBLICO.

c)      Reserva de la información confidencial

El adjudicatario se obligará a no divulgar la información confidencial que se revele con ocasión de los procedimientos e investigaciones del MINISTERIO PÚBLICO, por lo que se obliga a tomar todas las medidas necesarias para que la información mantenga el carácter confidencial y se eviten situaciones y actos que puedan producir un perjuicio a la otra parte, en particular las relativas al extravío, robo o sustracción de información confidencial.

El adjudicatario no podrá reproducir, modificar, hacer pública o divulgar a terceros, directa o indirectamente la información confidencial para cuestiones ajenas a sus labores al interior de la institución, sin previa autorización escrita y expresa del Administrador del contrato en el MINISTERIO PÚBLICO.

d)     Propiedad intelectual e industrial

Los derechos de propiedad intelectual de la Información Confidencial objeto del servicio a contratar pertenecen al MINISTERIO PÚBLICO y el hecho de que dicha información sea revelada no cambiará tal situación.

El adjudicatario se comprometerá a realizar todas las acciones que sean necesarias con el objeto de salvaguardar los derechos de propiedad intelectual del MINISTERIO PÚBLICO.

e)      Devolución de la información

El adjudicatario se obliga al término del servicio, a devolver al MINISTERIO PÚBLICO cualquier documentación, información, antecedentes, llaves y claves de acceso tanto a plataformas informáticas como a infraestructura física, cualquiera sea el tipo de soporte en que se encuentre, así como las copias obtenidas a partir de ellas, dentro del tiempo y en el formato que señale el MINISTERIO PÚBLICO en la solicitud que le formule a tal efecto.

1. DERECHOS DE PROPIEDAD DE TERCEROS DISTINTOS DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario deberá asumir la responsabilidad para el caso que alguna de las soluciones infrinjan los derechos de propiedad intelectual o derechos de propiedad industrial y estará obligado a indemnizar al MINISTERIO PÚBLICO respecto de cualquier reclamo, demanda, querella o acción de cualquier clase que se genere por dicho concepto, incluyendo montos por indemnización, por suspensión de operaciones y gastos generados por concepto de reclamos o demandas que pudieran interponerse en contra del MINISTERIO PÚBLICO. Sin perjuicio de lo señalado, se deja expresa constancia que, conforme a la ley, la representación judicial del MINISTERIO PÚBLICO le corresponderá al Consejo de Defensa del Estado.

Durante el tiempo que dure el conflicto, si el MINISTERIO PÚBLICO fuere privado de utilizar una o más soluciones proporcionadas por el adjudicatario, éste deberá proveer, a su costo, con alternativas efectivas al MINISTERIO PÚBLICO para seguir operando.