“ELABORACIÓN DE LA POLÍTICA MINISTERIAL, EL PLAN SECTORIAL Y EL MODELO DE GOBERNANZA PARA LA REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN EL SECTOR SILVOAGROPECUARIO CHILENO”


1. Introducción


Por sus condiciones naturales y su ubicación geográfica, Chile es uno de los países que está siendo más afectado por el cambio climático (CC), particularmente en lo relacionado con riesgo hídrico y desastres naturales , que impactan de lleno en el sector silvoagropecuario. Según el Ministerio de Medio Ambiente, el país cumple con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad enunciadas por la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Es evidente que los impactos del CC, como períodos prolongados de sequía y eventos climáticos extremos, tales como granizadas, lluvias de gran intensidad, tormentas, u olas de calor, ponen en riesgo la producción de alimentos y la seguridad alimentaria especialmente de la agricultura familiar campesina e indígena. Entre el 2008 y el 2018, el déficit de agua fue la emergencia agrícola más costosa en el sector en términos de gasto público, y se proyecta para el 2040 que el agua disponible, disminuya en un 30% .


Es común que para la temporada agrícola se esperen amenazas tales como, heladas intensas, que pudieran afectar a cultivos como hortalizas, frutales y el bienestar de los animales, lluvias intensas que pueden ocurrir en cortos periodos y por ende provocar inundaciones que alteren las labores normales del campo, causando problemas en la carga de materiales u erosión, así como también posibles remociones en masa. Por otro lado, durante la temporada de mayor ocurrencia de incendios forestales, se generan daños que perpetúan en perdidas productivas de suelo, cultivos, animales, e infraestructura productiva. Además, es necesario tener presente las posibles amenazas fito y zoosanitarias.


Los últimos 17 años, el Ministerio de Agricultura ha avanzado paulatinamente en materia de gestión de riesgos de desastres, mostrando cierta evolución en su enfoque o aproximación al territorio. Esto se ha desarrollado para apoyar a las y los agricultores a gestionar el riesgo y apoyarles durante las emergencias silvoagropecuarias, eventos cada vez más frecuentes e inciertos asociados al clima y a las condiciones naturales de cada territorio.


En una primera etapa, la apuesta del Ministerio estuvo por la concientización y construcción de un modelo de trabajo cuyo enfoque se denominó “gestión de la crisis/emergencia” abordado desde el 2008 hasta el 2013, evolucionando hacia un enfoque de “gestión del riesgo” UTF028/CHIFAO . Este modelo de trabajo buscaba internalizar la gestión de riesgo y la reducción de este, abordando las amenazas en la agricultura desde una arista principalmente climática, para así prevenir posibles afectaciones productivas en los distintos escenarios que se presentaban como amenazas. Frente a ello, se realizaron diversos cursos de capacitación, y diversas fórmulas de difusión del sistema de información, integrando un espacio en el sitio web del MINAGRI que posteriormente se transformaría en una plataforma independiente de gestión de riesgos agroclimáticos, destacando el Portal Web AGROMET, la alianza público privada Red Agroclimática Nacional RAN-AGROMET y el Observatorio Agroclimático Nacional, plataforma homóloga desarrollada con la colaboración internacional del International Research Intitute for Climate and Society (IRI) de la Universidad de Columbia, lanzado el año 2013. 
 


Desde 2014, se ha avanzado hacia un enfoque de gestión integral del riesgo, en el que, entre otros aspectos, se incluyó la transferencia del riesgo en las actividades de difusión y capacitación a nivel local. Esto ha contado con una participación más activa de AGROSEGUROS en acciones conjuntas con la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres Agrícolas (UGRA) de la Subsecretaría de Agricultura.


Además, se han desarrollado sistemas de vigilancia y alerta para heladas, así como sistemas de mailing que permiten ampliar la base de datos y aumentar el alcance. Se han propuesto nuevos indicadores para mejorar la toma de decisiones, se ha fomentado la vinculación con portales web y se han realizado nuevos desarrollos. También se ha comenzado a difundir alertas meteorológicas a través de Twitter X (anteriormente conocido como Twitter).


Desde el 2015, con la aparición del Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, se comienzan a aplicar los enfoques de gestión de riesgo de desastres, avanzando en la formulación de un Plan Operativo de Emergencias para la Unidad, que significó cumplir con lo solicitado por ONEMI en cuanto a una actualización de los procedimientos y protocolos de declaración de emergencias agrícolas existentes hasta ese momento. Así como tutoriales y manuales con Unesco para ordenar la información del sistema de información del Observatorio Agroclimático. Se incorporan otras variables de alertamiento como son las alertas en monitoreo de caudales DGA y situación de ENSO (IRI). También, se avanzó en el Atlas e indicadores de vulnerabilidad frente a una sequía y se avanzó en la estimación de daños y pérdidas por eventos que impactaban al sector silvoagropecuario.


A partir del 2022, se refuerza el enfoque de monitoreo de riesgos de desastres, considerando las diversas amenazas asociadas al clima y a fenómenos de otra naturaleza que afectan al sector. Actualmente el sistema de información del Ministerio de Agricultura cuenta con más de 400 estaciones meteorológicas automáticas a nivel nacional, ubicadas en lugares de interés para el agro, permitiendo realizar monitoreo de la situación agroclimática cada hora. Además, cuenta con un sistema de alertas tempranas para heladas y golpes de sol o de calor. Este sistema de información, opera bajo una alianza público-privada a través de un convenio de transferencia, donde la Subsecretaría de Agricultura realiza el mantenimiento de la red de estaciones. Adicionalmente, de forma conjunta se desarrollan actividades de capacitación orientadas al uso e interpretación de la información para la toma de decisiones a todo nivel, con énfasis en lo local, considerando un plan de difusión y comunicaciones para compartir la información a través de múltiples medios.


El Ministerio de Agricultura cuenta con un importante instrumento denominado Declaración de Emergencia Agrícola (DEA), que surge para identificar un evento o la inminencia de éste, el cual pueda alterar el funcionamiento de una comunidad agrícola por una manifestación de una amenaza de origen natural, biológico o antrópico, que puede ocasionar pérdidas, daños a la infraestructura, servicios, modos de vida y medio ambiente. La declaración permite movilizar recursos para entregar ayudas y apoyos en aquellas zonas del país afectadas por los efectos de alguna amenaza, de forma tal, que las propias capacidades de las/los agricultores no le permitan superarlas, amenazas como déficit hídrico, lluvias extemporáneas, heladas, terremotos, entre otras. Estas DEA son establecidas por el Ministerio de Agricultura a través de un documento normativo (Resolución Exenta) que indica sus causas, impactos y las comunas que considera con la situación.


El Ministerio de Agricultura busca fortalecer sus capacidades en gestión de riesgo de desastres, impulsando su gestión preventiva y de respuesta, adecuándose dinámicamente a los cambios en el sector silvoagropecuario y considerando las sugerencias y acuerdos del Marco de Sendai (GRS), del Acuerdo de Paris (acción para el cambio climático), los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Política de Seguridad Alimentaria.
 


Actualmente el Gobierno de Chile y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron dentro de la Agenda de Programación Nacional, el otorgamiento de un préstamo de inversión que permite fortalecer a los servicios entregados por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI). El "Programa de Innovación y Fortalecimiento de las Capacidades para la Seguridad Alimentaria” (CH-L1171) fue aprobado por el BID en enero de 2024 y formalizado completamente por Chile en octubre del mismo año.


El Programa busca contribuir a mejorar la seguridad alimentaria a través del fortalecimiento de los servicios públicos agropecuarios. Entre sus tres componentes, se incluye uno que apunta a mejorar las capacidades del MINAGRI en gestión de riesgos de desastres silvoagropecuarios. Se establecen en este Componente tres objetivos: (i) Fortalecer la institucionalidad para la GRD: elaborar la Política, el Plan Sectorial y el modelo de Gobernanza del sistema; junto con fortalecer las capacidades de la Unidad de Gestión de Riesgos Agrícolas (UGRA) del Ministerio. Adicionalmente, (ii) Implementar un Sistema de Información para la GRD. Esto es, definir a las instituciones participantes y sus respectivas funciones y deberes dentro del sistema, tanto en la generación, como en el traspaso y análisis de la información relevante. Con todo, generar mejores reportes para la oportuna toma de decisiones de las autoridades y el trabajo del personal técnico del Ministerio; y (iii) Diseñar una estrategia financiera y presupuestaria para la GRD. Se busca minimizar el impacto presupuestario que se genera en los distintos Servicios la atención de la emergencia, a través de traspasar parte del riesgo al sector financiero nacional e internacional.


2. Normas Legales, Funciones y Facultades


Mediante resolución exenta N° 434, de 22 de septiembre de 2020, publicada en el Diario Oficial con fecha 16 de marzo de 2021, la Subsecretaría del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, aprobó la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020-2030. Esta Política en adelante “PNRRD” obedece a los compromisos internacionales adquiridos por el Estado de Chile y la necesidad de establecer el marco rector que fortalezca la gestión del riesgo de desastres en el país, al año 2030. Está compuesta por un conjunto de principios, enfoques transversales, ejes prioritarios y objetivos estratégicos, implementados a través de su respectivo Plan Estratégico Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (“PENRRD 2020-2030”), que recoge brechas detectadas de procesos anteriores y considera las particularidades territoriales y diversidades de las comunidades. Este nuevo marco de referencia nacional, consolida y revitaliza los esfuerzos que los instrumentos predecesores, nacionales e internacionales han impulsado ante la necesidad de fortalecer la institucionalidad pública en materias de gestión y reducción de riesgos, fortaleciendo las competencias y capacidad sobre la materia de todos los niveles del Estado, incorporando las políticas, planes y programas del Estado a la ejecución de este Plan.


Posteriormente, en julio de 2021, se promulga la Ley N° 21.364, que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED) y dentro de este, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), se basa fundamentalmente en reconocer e incorporar todos los avances y desarrollos que se han logrado en función de las buenas prácticas y lecciones aprendidas en los años anteriores por el Sistema Nacional de Protección Civil y por ONEMI (a quienes reemplazan), avances que era necesario actualizar, reforzar, estandarizar y hacer vinculantes para alcanzar estándares de excelencia en la GRD, centrados en la prevención y territorialidad.


A raíz de la Ley 21.364, el MINAGRI es miembro sectorial del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desatres (Artículo 6), institución superior que se encarga de la planificación y la coordinación del sistema a nivel nacional, además de constituirse y ejercer las funciones descritas en la Ley y el reglamento, para abordar las fases del ciclo de riesgo de desastre. De este modo, entre otras funciones, debe contar con la Política Ministerial, con el Plan Sectorial y con la Gobernanza para una adecuada GRD en el sector.
 


Adicionalmente, a continuación, se expone parte del marco normativo y de acuerdos internacionales bajo el cual se desarrolla el trabajo de la UGRA de la Subsecretaría de Agricultura, el cual deberá ser complementado por los consultores, en el marco del presente trabajo, en el sentido de agregar otras normativas y referencias que puedan resultar de utilidad para generar las mejores propuestas.


a. Ley de Presupuestos del Sector Público. 
b. Ley de sismos y catástrofes. Ley 16.282, actualizada por el Decreto N° 104 y la Ley 20.444
c. Marco Sendai para la reducción del riesgo de desastres
d. Plan Operativo de Emergencia del MINAGRI
e. Política y Estrategia Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres (RDD)
f. Ley 21.364: SINAPRED- SENAPRED
g. El Decreto Supremo N°66, (Subsecretaría de Servicios Sociales 2014)
h. Plan de Adaptación al Cambio Climático en el sector Silvoagropecuario 
i. Objetivos del Desarrollo Sostenible, Naciones Unidas Agenda 2030. 
j. La Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria.
k. Política Nacional de Desarrollo Rural


a) Ley de Presupuestos del Sector Público, que otorga las siguientes facultades:


La glosa de la asignación 369 del presupuesto de la Subsecretaría de Agricultura, permite financiar situaciones o gastos no previstos causados por fenómenos climáticos y/o catástrofes naturales y/o situaciones de emergencia o de daño productivo que afecten a productores agrícolas y habitantes rurales. 


Esta confiere la facultad al MINAGRI para declarar Emergencia Agrícola, la que deberá ser definida por resolución fundada del Ministro de Agricultura, con copia a la Dirección de Presupuestos y no podrá comprometer recursos.


La Ley permite transferir desde dicha asignación recursos a entidades públicas o privadas, los que no ingresarán a sus presupuestos, todo sujeto a la firma de convenios, con especificación de montos, plazos y objetivos de los proyectos, acciones o actividades a financiar, así como los formatos de rendición y auditoría.


Los gastos asociados a esta asignación (inicialmente $10.000) podrán exceder hasta noviembre, para dar continuidad al pago de las acciones que las emergencias demanden.


b) Ley de sismos y catástrofes. Ley 16.282, actualizada por el Decreto N° 104 y la Ley 20.444, otorga las siguientes facultades:


§ Permite otorgar ayuda sin sujeción a las leyes orgánicas y sus reglamentos de las instituciones prestadoras de ayuda (ej.: INDAP) para otorgar créditos y asistencia técnica.
§ Permite las compras sin propuestas y las compras directas bajo convenio marco.
§ Permite la condonación de deuda.


c) Marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastre. 


El acuerdo internacional adoptado por los Estados miembros de la ONU proporciona una guía integral para la RRD y la construcción de resiliencia en las comunidades y países de todo el mundo. El Marco de Sendai identifica cuatro prioridades clave para la acción:
 


i. Comprender el riesgo de desastres (RD).
ii. Fortalecer la gobernanza del RD para gestionar dichos riesgos.
iii. Invertir en la RRD para la resiliencia.
iv. Aumentar la preparación para casos de desastre, lograr una respuesta eficaz y para “reconstruir mejor” en la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción.


Incluye indicadores para medir el progreso hacia los objetivos establecidos, permitiendo a los países monitorear y evaluar sus esfuerzos de RRD de manera sistemática. Desde Chile, se resguarda mediante una plataforma nacional a cargo de SENAPRED. 


El Marco de Sendai está alineado con otros marcos y agendas globales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, promoviendo un enfoque coherente y coordinado para abordar los desafíos globales relacionados con el riesgo de desastres y la resiliencia 


d) Plan Operativo de Emergencia del MINAGRI:


Mediante resolución exenta N°989, del 28 de diciembre 2011, se establece el Protocolo de Emergencias Agrícolas. Fue modificado mediante la Resolución exenta N° 309, del 21 de agosto de 2021, que aprobó el Plan Nacional Operativo de Emergencia del Ministerio de Agricultura. Este plan operativo fue modificado a través de la resolución exenta N° 242, del 28 de mayo de 2024. Este marco normativo busca guiar las acciones de los diferentes servicios del agro en la fase de respuesta del ciclo de la GRD, siendo una base normativa para accionar e interactuar. El plan señala la normativa del MINAGRI para actuar frente a las amenazas del sector, entre ellos la gobernanza del nivel central, en regiones y las interacciones necesarias para activar todos los procedimientos que se han diseñado para la gestión de la respuesta en el sector.


f) Ley 21.364: SINAPRED - SENAPRED


En Chile, el SENAPRED planea y coordina los recursos públicos y privados destinados a la prevención y atención de emergencias y desastres naturales o provocados por la acción humana, proporcionando a los ministerios, delegaciones, gobernaciones regionales, municipios y organismos de Protección Civil de nivel nacional, regional, provincial y comunal, modelos y planes de gestión permanente para la prevención y manejo de emergencias, desastres y catástrofes.
Se plantea que la GRD es un proceso de carácter continuo que comprende la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas, estándares y acciones permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres, con el propósito de evitar la generación de nuevos riesgos de desastres, reducir los existentes y gestionar el riesgo residual. Así, la GRD, junto a otros grandes enfoques como la adaptación al cambio climático y la planificación territorial, es una estrategia que permite avanzar hacia el desarrollo sostenible, entendiendo este último como la conjunción de las dimensiones social, económica y ambiental. La GRD establece el ciclo del riesgo de desastres y en ella describe cuatro fases que demandan articulación de acciones y funciones (mitigación, preparación, respuesta y recuperación) que para el MINAGRI son su estructura de funcionamiento.


En consideración de lo anterior, es necesario que las actividades de formación y capacitación de las distintas academias consideren estas materias en la GRD; es decir, promover la comprensión del riesgo de desastres en sus diferentes dimensiones y entender cómo se puede llegar a promover una cultura preventiva en la sociedad. Prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir riesgos de desastres ya existentes y gestionar el riesgo de desastre residual. Todo esto enmarcado en un enfoque que genere la capacidad de alcanzar un desarrollo sostenible.
 


Junto a lo anterior, deben considerarse los siguientes reglamentos:


DECRETO 1.434. Plan Nacional de Emergencia-SENAPRED
DECRETO 86. Reglamento que regula los organismos técnicos para el monitoreo de amenazas; organismos técnicos para el monitoreo sectorial; los instrumentos para la gestión del riesgo de desastres; y los procedimientos de elaboración de los mapas de amenaza y los mapas de riesgo. 
DECRETO 434. Aprueba la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 2020 – 2030. 
DECRETO 338. Reglamento del Programa para la Gestión del Riesgo de Desastres.
DECRETO 234. Reglamento para el funcionamiento de los Comités para la Gestión del Riesgo de Desastres y de las otras instancias de coordinación del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, establecidos en la Ley Nº 21.364 y que define al Programa para la Gestión del Riesgo de Desastres.


g) El Decreto Supremo N°66, (Subsecretaría de Servicios Sociales 2014) 


Regula el procedimiento de consulta indígena en virtud del Art. 6, N° 1, letra A y N° 2, del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que consagra el deber general de los gobiernos de consultar a los pueblos indígenas interesados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.


h) Plan de Adaptación al Cambio Climático del sector Silvoagropecuario y GRD (PACC- SAP) ODEPA.


La normativa de la Ley Marco de Cambio Climático, Ley N° 21455, establece que el MINAGRI debe diseñar e implementar instrumentos de gestión de cambio climático, como un plan sectorial de adaptación, con acciones y medidas para adaptar a aquellos sectores con mayor vulnerabilidad y aumentar su resiliencia según los objetivos y metas definidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) del país.


El marco institucional hace referencia a las medidas que regulan el accionar del MINAGRI en ámbitos relacionados al cambio climático, entre ellos, los instrumentos jurídicos, de gestión, fomento, arreglos institucionales, políticas públicas y procedimientos. 


El PACC-SAP diseñado para el período 2024 al 2028, establece una estrategia efectiva y sostenible a largo plazo, incorpora medidas para reducir la vulnerabilidad, abordando aspectos como el manejo silvoagropecuario, entre otros, y que se actualizará cada 5 años para adaptarse a cambios en condiciones habilitantes, tecnología, costos y vulnerabilidad del sector.


i) Objetivos de Desarrollo Sostenible - Naciones Unidas Agenda 2030.


Desde el año 2015, se estableció la nueva agenda de desarrollo sostenible proyectada para ser trabajada y alcanzada a 15 años, en 17 objetivos globales que buscan asegurar la prosperidad para todos, erradicar la pobreza y proteger el planeta. 


El MINAGRI y, particularmente la UGRA, se vinculan con los objetivos N° 2 sobre hambre cero; N° 12 sobre producción y consumo responsable; objetivo N°13 relativo a acción por el clima y; objetivo N° 15, acerca de vida de ecosistemas terrestres.
 


j) Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria.


La Estrategia Nacional de Soberanía para la Seguridad Alimentaria tiene como objetivo fortalecer la seguridad alimentaria presente y futura. Mediante la soberanía alimentaria se pone en valor a las personas que producen alimentos y se promueve la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Esta estrategia propone un enfoque integral y ha sido construida de forma participativa entre los sectores público y privado, como parte del compromiso del Estado para resguardar el derecho a la alimentación (ver en https://soberaniaalimentaria.odepa.gob.cl/).


k) Política Nacional de Desarrollo Rural 


En este contexto, la PNDR, publicada en el Diario Oficial el 5 de mayo de 2020, según el Decreto Supremo N°19 de 2020 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, entrega un marco de lineamientos que promueve la coordinación de actores y variables que inciden en el desarrollo de las áreas rurales, valorando el potencial que tienen para el desarrollo local, regional y nacional. La PNDR promueve un cambio de paradigma, ya que además de hacerse cargo de las brechas y riesgos de estos territorios, pone un especial énfasis en las oportunidades actuales y futuras que dinamizan al país entero: la diversidad de actividades productivas (agricultura, pesca, turismo, artesanía, energía y minería, entre otros); la diversidad natural (biodiversidad, áreas silvestres y paisajes, entre otros); y la diversidad cultural (gastronomía, oficios, interculturalidad, fiestas, tradiciones y arquitectura, entre otros). Este documento pasó por un extenso período de elaboración (2012 – 2020), con participación de los sectores público, privado y sociedad civil.


A nivel nacional la responsabilidad de su implementación recae en la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (COMICIVYT). La Secretaría Ejecutiva de la PNDR se estableció en octubre de 2018 en la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura, quien entrega soporte técnico y administrativo para la coordinación de su implementación.


2.1. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS DE LA CONSULTORÍA


Objetivo general


Elaborar una propuesta de la Política Ministerial para la Reducción de Riesgo de Desastres del Sector Silvoagropecuario, considerando su respectivo modelo de gobernanza y un  Plan Sectorial de Reducción en Riesgo de Desastres Silvoagropecuarios, que permitan implementar y fortalecer la gestión de riesgo de desastres del Ministerio de Agricultura en todos sus niveles de trabajo y servicios adscritos, contribuyendo a reducir  la vulnerabilidad del sector agrícola y garantizando la seguridad alimentaria en un horizonte de tiempo 2025 - 2035. 


Objetivos específicos


Definir los lineamientos generales, objetivos, ejes, principios, estructura, planes de acción y gobernanza, que se requieren en materia de GRD en el sector silvoagropecuario chileno, para contar con la institucionalidad adecuada para una gestión moderna y eficiente en este ámbito en el sector. Cumpliendo, además, con los compromisos establecidos en la Ley 21.364 y con el marco de trabajo planteado en los acuerdos suscritos por el Estado de Chile en instancias multilaterales.


Este paraguas institucional debe permitir gestionar de manera integral el riesgo de desastres en el sector silvoagropecuario, bajo el alero ministerial, de manera coordinada y organizando las capacidades de los servicios del MINAGRI, sus instituciones dependientes y relacionadas, así como con las expresiones regionales de todas estas instituciones, para trabajar articuladamente en todas las fases de la GRD.
 


Junto con ello, debe posibilitar la coordinación y acción conjunta, cuando sea pertinente y útil, con otros estamentos del Estado de nuestro país, así como con las organizaciones y actores del sector privado.


2.2. Alcances de la Consultoría


La consultoría debe considerar un análisis documental histórico (desde año 1990) de los principales desastres que han afectado al sector silvoagropecuario en Chile, frecuencia de ocurrencia, distribución territorial, alcance, nivel de afectación (número de productores, hectáreas, otros), tipo de afectados (pequeños, medianos, grandes agricultores, pueblos originarios, incorporando la variable de género), las respuestas entregadas por los diferentes servicios del agro, los presupuestos ejecutados por los diferentes servicios del agro con relación a los apoyos entregados, el marco legal, normativo e institucional vigente, brechas y barreras existentes. Además. se espera que se considere un análisis sobre recursos ejecutados en materias preventivas, por ejemplo, en sistemas de alerta temprana, campañas preventivas relacionadas al sector silvoagropecuario, difusión de información agroclimática. Estas materias deberán quedar incorporadas en el Informe 2 que más adelante se menciona.


Adicionalmente, en el desarrollo de la consultoría se deberá implementar talleres presenciales macro zonales (cuatro macrozonas: norte, centro, sur y austral) para el levantamiento de los planteamientos y la información desde la base territorial, que incluya actores del sector público, privado, academia y sociedad civil del sector. También, se deberá considerar otras formas complementarias de levantamiento de información relevante para los objetivos del trabajo. Por ejemplo, cuestionarios y entrevistas con expertos/as e informantes calificados/as, personas de la academia, gremios, sector financiero y de seguros vinculados al agro, sociedad civil, siempre con la previa coordinación con la contraparte técnica de la consultoría. Se trata de lograr un adecuado nivel de participación, que a su vez permita profundizar en la importancia de lograr una mejor gestión en estas materias y en la forma en que la política, el plan de acción y la gobernanza deberían dar cuenta de este desafío. Para la implementación de estas actividades (presenciales y virtuales) se debe utilizar, entre otras, herramientas tecnológicas que capturen la información mediante metodologías participativas que los postulantes deberán proponer. Se requiere que para cada producto a elaborar (la Política, el Plan Sectorial y el Modelo de Gobernanza) se contemple la participación del nivel central y regional, siendo ésta lo más amplia posible considerando el tiempo y los recursos disponibles. Por ello, la propuesta de los consultores se deberá ajustar de manera conjunta con la contraparte técnica del MINAGRI en la presentación de la propuesta de trabajo de quien resulte adjudicado.


Junto con lo anterior, para el desarrollo de este estudio se encomienda evaluar, analizar y comparar experiencias internacionales en materia de gestión de riegos de desastres para el sector silvoagropecuario. Esto es, revisar políticas, estrategias, planes y gobernanzas, estudiarlos en sus marcos normativos, modelos, estructura o sistemas, elementos presupuestarios, estructura institucional, vinculación del sector público y privado. En particular, en la interacción con el sector privado, ver aquella que dice relación con el sector financiero y de seguros privados. Esta revisión del punto anterior, debe permitir construir un ejercicio de benchmarking internacional analizando marcos normativos, sistemas de información, sistemas financieros asociados a la transferencia de riesgos, relación política y fases de la GRD, articulación público privada, vinculación compromisos internaciones, sistema o estructura de financiamiento (presupuestaria) entre otros, con casos como por ejemplo de Australia, Brasil, Unión Europea, Japón y/o del Estado de California en Estados Unidos, entre otros que pudieran ser relevantes.


 


Con respecto al costo de los talleres presenciales por macrozonas, necesarios para el levantamiento de planteamientos en información desde la base territorial, éstos deberán formar parte del costo total de la consultoría. 


2.3. Productos esperados y especificaciones de los requerimientos


Propuesta de Política Ministerial para la Reducción de Riesgo de Desastres Silvoagropecuarios


Para efectos de esta consultoría, se entenderá por Política Ministerial a aquel conjunto de principios, lineamientos generales, estructura, objetivos y ejes de trabajo, que actúan como un paraguas y un instrumento orientador de las acciones, proyectos, decisiones e iniciativas que se desarrollen para responder a una problemática pública específica de un sector. Sin perjuicio de los anterior, los consultores podrán complementar esta definición, si eso permite robustecer los resultados esperados de la consultoría.


Se espera que la política sea el soporte de todas las acciones, decisiones y proyectos que se enmarquen en la GRD, por lo cual, la propuesta que se entregue deberá considerar un horizonte de largo plazo (10 años), con recomendaciones que puedan ser abordables en dicho plazo. De igual manera, deberá mantener consistencia con el marco normativo vigente en Chile y con los distintos compromisos suscritos por el Estado de Chile en esta materia, tales como la Convención de Naciones Unidas, el Marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre, el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el sector Silvoagropecuario. Sin perjuicio de lo anterior, el equipo consultor podrá entregar recomendaciones respecto de un eventual ajuste normativo e institucional, si justificadamente, consideran que éstas pudiesen permitir dar mejor cumplimiento a la política, sus lineamientos, principios y objetivos, a la materialización del plan de acción y a la aplicabilidad de su modelo de gobernanza, que, como resultado de este trabajo se propongan finalmente.


La propuesta de Política deberá incorporar el espacio para la construcción de conocimientos y la socialización de estos, así como de la información que permita ir educando y motivando a la población a asumir una cultura del autocuidado, prevención y resiliencia; en el amplio contexto de una estrategia de desarrollo económica, ambiental y socialmente sostenible. Asimismo, deberá considerar la promoción de la inversión en la reducción de los factores subyacentes del riesgo, la identificación de dichos factores que incrementan el riesgo en los territorios y comunidades, así como también las medidas necesarias para mitigarlos y generar capacidades para una recuperación resiliente. Además, la propuesta deberá permitir fortalecer la preparación ante las emergencias para lograr una respuesta eficaz y eficiente, incrementando las capacidades y promoviendo sinergias con los diferentes niveles sectoriales, institucionales y con una participación más activa de la sociedad civil organizada.


Adicionalmente, la propuesta de Política deberá promover el fortalecimiento de la investigación, la difusión de información para la GRD, de los sistemas de alerta temprana y acciones anticipatorias, las capacidades e infraestructuras para monitorear y analizar las amenazas, las vulnerabilidades y los impactos de las emergencias y desastres en las actividades silvoagropecuarias; promover, asimismo, recuperaciones sostenibles que eviten la generación de nuevos riesgos, reduzcan los existentes y gestione el riesgo residual. Finalmente, debe contemplar la forma en que esta Política será evaluada en el tiempo.
 


2.3.1 Propuesta de Plan Sectorial para la Reducción de Riesgo de Desastres 


Este Plan Sectorial para RRD debe sustentarse sobre los lineamientos, principios y objetivos propuestos por el SINAPRED y contribuir a operativizar la Política de RRD del sector silvoagropecuario propuesta como resultado de este mismo trabajo, y deberá incluir un diseño de una hoja de ruta que permita el cumplimiento, la materialización, el acompañamiento y seguimiento, de dicha Política.


Este documento deberá contener, al menos (de acuerdo con el Reglamento 86, del Ministerio de Interior, año 2023) lo siguiente:


 Diagnóstico y análisis de riesgos (evaluación de contexto, identificación de amenazas, vulnerabilidades y capacidades de respuesta, mapeo de riesgos al nivel que sea factible).
 Objetivo general y Objetivos específicos (estrategias de prevención y mitigación, estrategias de preparación y de respuesta).
 Ejes prioritarios
 Acciones e indicadores para la reducción del riesgo de desastres.
 Respuesta, evaluación y monitoreo del plan.
 Actores responsables y corresponsables de la implementación.
 Identificación de actores clave para la realización de los compromisos.
 Plazos de implementación.
 Otros.


Por su parte, se debe tener en cuenta lo mencionado en la Ley N°21.364, en su “artículo 34, respecto de que los órganos de la Administración del Estado que se individualizan en la Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, deberán elaborar un Plan Sectorial para la RRD que permita el cumplimiento de los objetivos establecidos para cada sector en el Plan Estratégico Nacional, así como definir el desarrollo de sus capacidades para la respuesta de las emergencias y su empleo en conformidad a los Planes de Emergencia, en todos sus niveles. Para tales efectos, dichos órganos deberán convocar a las unidades administrativas que los componen, a las asociaciones de funcionarios y a los estamentos que en ellos se hayan constituido, a las empresas o entidades privadas ligadas a su sector o sometidas a su fiscalización o supervigilancia, y a las entidades que administren o provean servicios de utilidad pública o aquellos que sean esenciales en la Gestión de Riesgo de Desastres, para una adecuada y eficiente coordinación y definición de estos planes. Una vez aprobados, en todo caso, serán vinculantes para los órganos respectivos, las empresas o entidades privadas antes referidas y los servicios públicos que correspondan. Estos planes sectoriales, deberán establecer metas y objetivos específicos para la GRD e identificar acciones concretas que sean conducentes al logro de ellos. En su elaboración, los órganos de la Administración del Estado deberán seguir los lineamientos y directrices establecidos en la Política Nacional, guardando la debida correspondencia y armonía.


Adicionalmente, la propuesta debe considerar que el Plan Sectorial deberá incorporar criterios de adaptación al cambio climático, en su elaboración, implementación y evaluación; debe incorporar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación anual, que incluya mecanismos de reporte de avances; debe incorporar enfoque de género y multiculturalidad. El Plan debe tener formato y diseño para su posterior divulgación masiva.
 


2.3.2 Propuesta de un Modelo de Gobernanza para la reducción del riesgo de desastres


Adicionalmente a la propuesta de Política y de Plan Sectorial se debe entregar una propuesta de Modelo de Gobernanza para la Política Ministerial que complemente los diseños anteriores y establezca claridad sobre el marco normativo e institucional del sistema para la RRD en el sector silvoagropecuario chileno. Esto es, considerando al MINAGRI, los servicios del agro a nivel nacional y regional, otros actores del sector público, actores del sector privado y su relacionamiento con otros sectores/instituciones o sistemas, tales como SINAPRED; SENAPRED, los Ministerios de Medio Ambiente, de Desarrollo Social y Familia, de Economía, Fomento y Turismo, de Hacienda, entre otros; y con servicios como SERNAGEOMIN y METEOCHILE. Precisando las distintas instancias técnicas, de análisis y toma de decisión y coordinación político/técnica y técnica, y las funciones e instrumentos de cada organismo.


De acuerdo con CEPAL, se entenderá por Gobernanza “la realización de relaciones entre diversos actores involucrados en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar asuntos de interés público, proceso que puede ser caracterizado por la competencia y cooperación donde coexisten como reglas posibles y que incluye instituciones tanto formales como informales (ciudadanía y sus distintos mecanismos de organización temporal y/o espontánea). La forma e interacción entre los diversos actores refleja la calidad del sistema y afecta a cada uno de sus componentes, así como al sistema como totalidad” (Whittingham Munévar, 2010, como se cita en Naser, 2021, p. 14). La gobernabilidad también se refiere a “la capacidad de gobierno de un problema público. Esta capacidad se manifiesta en la gestión continua y estable por parte del conjunto de los gobiernos y administraciones, pero también de los actores sectoriales y privados de un país” (Ballart, 2013). En la literatura, se relaciona la gobernabilidad y la gobernanza. La gobernabilidad depende de la gobernanza entendida como una forma de gobierno caracterizada por un mayor grado de interacción y cooperación entre actores públicos y privados en un conjunto de redes de decisión e intervención. Desde esta perspectiva, la gobernabilidad depende de la medida en que una sociedad nacional asuma en su conjunto, y no solamente a través de su gobierno central, responsabilidades en la implementación de las decisiones públicas .


De esta manera el modelo de gobernanza que se proponga deberá facilitar el proceso de toma de decisiones técnicas, presupuestarias y políticas, considerando la identificación de roles, actores, responsabilidades y relaciones, mecanismos e instrumentos formales para ello, todo con el propósito de dar cumplimiento a la Política y al Plan Sectorial de GRD en el sector silvoagropecuario chileno.


2.3.3 Consideración general respecto de los productos


Con todo, este trabajo deberá entregar una propuesta de Política, de Plan de Acción Sectorial y de Modelo de Gobernanza consistentes entre sí y a su vez consistentes con lo definido por el SINAPRED y SENAPRED y con los compromisos suscritos por el Estado de Chile ante organismos internacionales ya mencionados.


Junto con eso, tener en cuenta que aparte de la entrega de los productos ya mencionados, se deberá entregar un Informe Técnico que sirva para ser adjuntado al momento de realizar la presentación de la Política, el Plan Sectorial y el Modelo de Gobernanza ante el Comité Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 86 anteriormente señalado. Este informe consiste en una memoria del proceso y las acciones implementadas para el desarrollo de esta consultoría y de la obtención de los productos que en ella se solicitan.
 


2.4. Metodología 


La realización de esta consultoría deberá considerar al menos una revisión bibliográfica, análisis de experiencia internacional, análisis comparado de marcos normativos y modelos de gobernanza en la materia, estudios de planes de acción aplicables al caso chileno y enfoque participativo que contenga talleres, reuniones con representantes de servicios e instituciones relacionados al MINAGRI, servicios del agro, SEREMIS de Agricultura, direcciones regionales de los servicios del agro, servicios públicos y agricultores(as) organizados, análisis de casos internacionales, entrevistas estructuradas y semi estructuradas.


El diseño de la política, plan sectorial y modelo de gobernanza deberá considerar talleres participativos (virtuales y presenciales) con actores públicos y privados, equipos del MINAGRI de las distintas regiones y sus servicios, academia (nacionales y/o internacionales) vinculados a la materia, debiendo ser documentados y contar con registros de participantes y contribuciones recibidas durante estos. Estos talleres serán por macrozonas, y se distribuirán durante la consultoría según los objetivos de esta.


La consultoría deberá desarrollarse considerando las orientaciones de los distintos ministerios y organismos de MINAGRI y otros que digan relación o se vinculen con la GRD del sector silvoagropecuario.


2.5. Informes de productos y plazos de entrega


Informe 1. Plazo: Treinta (30) días corridos contados desde la fecha de suscripción del contrato. 


Este informe deberá contener el marco conceptual y metodológico que consideren relevante para el desarrollo de los productos; contar con una planificación y cronograma de actividades, y la forma sobre cómo se presentarán los resultados intermedios. Es decir, una presentación completa del plan de trabajo, la metodología de respaldo de todo lo propuesto, las actividades a desarrollar, los productos intermedios, las entrevistas a realizar, un borrador de mapa de actores, cantidad de talleres a realizar, propuesta de los otros instrumentos de recolección de información, los análisis relevantes a realizar, así como, señalar cuáles experiencias internacionales serán consideradas para su revisión.


Este informe deberá ser presentado a la contraparte del MINAGRI para su revisión y/o ajustes según el plazo definido. La contraparte MINAGRI, tendrá hasta los siguientes 15 días hábiles para su revisión y solicitud de ajustes de ser necesarios, los que deberán ser resueltos por el equipo consultor hasta los siguientes 10 días hábiles, y así respectivamente. Una vez aprobada la versión final de informe se procede con la autorización del pago


Este informe corresponderá al 20% del pago.


Informe N°2. Plazo: 90 días desde iniciado el contrato. 


Este informe deberá dar cuenta de los avances de la propuesta de Política Ministerial para la RRD en el sector e incluir una primera aproximación al esquema de gobernanza consistentes con dicha Política. Se debe dar cuenta de la revisión bibliográfica, análisis de casos comparados, contexto histórico en materia de emergencia según horizonte trazado previamente, identificación de principios orientadores, objetivos de la política, ejes, contexto de la GRD en Chile.
 


Para este informe se deberá contar con al menos la realización de 2 talleres con el equipo de la UGRA central y de regiones, entrevistas a autoridades, servicios del agro e institutos relacionados al ministerio, SEREMIS de Agricultura, servicios públicos como SENAPRED, Organismos Internacionales, Ministerio del Interior, Ministerio de Economía y actores de la Academia. Sin perjuicio de que el plan de trabajo ajustado (acordado en conjunto) pueda indicar que algunas otras actividades ya se encuentren realizadas a la entrega de este informe.


Será necesario realizar una presentación al equipo contraparte del Ministerio, que invitará a otros participantes de servicios del agro, a fin de poder sancionar y/o ajustar la propuesta. Este informe deberá ser presentado a la contraparte del MINAGRI para su revisión y/o ajustes según el plazo definido. La contraparte MINAGRI, tendrá hasta los siguientes 15 días hábiles para su revisión y solicitud de ajustes de ser necesarios, los que deberán ser resueltos por el equipo consultor hasta los siguientes 10 días hábiles., y así respectivamente. Una vez aprobada la versión final de informe se procede con la autorización del pago.


Este informe corresponderá al 20% del pago.


Informe N°3. Plazo: 150 días desde iniciado el contrato


Este informe deberá dar cuenta de la propuesta de Política Ministerial con el respectivo Modelo de Gobernanza ya muy avanzado. Asimismo, deberá contener un primer avance de la propuesta del Plan Sectorial.


Se contempla realizar la presentación de estos resultados a las contrapartes del Ministerio y a quien ellos decidan invitar a participar. De igual forma y en otra oportunidad se deberá realizar la presentación de los resultados a las autoridades ministeriales.


Este informe deberá ser entregado en el plazo definido. La contraparte ministerial tendrá hasta los siguientes 15 días hábiles para su revisión y solicitud de ajustes de ser necesarios, los que deberán ser resueltos por el equipo consultor hasta los siguientes 15 días hábiles., y así respectivamente. 


Una vez aprobada la versión final de informe se procede con la autorización del pago.


Este informe corresponderá al 30% del pago. 


Informe N°4. Plazo: 210 días desde iniciado el contrato.


Este informe considera la entrega de las versiones finales de la Política de RRD; del Plan Sectorial y del Modelo de Gobernanza. Se deberá incluir en este informe las sugerencias, que a partir de brechas que se hayan identificado en el proceso de la consultaría, a juicio de los consultores se requieren atender a fin de que la Política, el Plan de Sectorial y el Modelo de Gobernanza se puedan materializar de mejor manera.


La contraparte MINAGRI, tendrá hasta los siguientes 15 días hábiles para su revisión y solicitud de ajustes de ser necesarios, los que deberán ser resueltos por el equipo consultor hasta los siguientes 15 días hábiles y así respectivamente. Una vez aprobada la versión final de informe se procede con la autorización del pago.


Una vez aprobada la versión final de informe, se procede con la autorización del pago.
 


Este informe corresponderá al 30% del pago. 


Junto al informe final (Propuesta de Política, Plan Sectorial y Modelo de Gobernanza), se espera la entrega de un set de documentación asociada al desarrollo de la consultoría (medios de verificación y trazabilidad del proceso), el que debe contener como mínimo:


 Informe que presente la memoria del proceso de realización de la consultoría. Resultados y sistematización de los talleres implementados, como también la metodología aplicada, precisando la programación utilizada para cada análisis de los resultados.
 Base de datos de participantes (nombre, institución, cargo, email) de las diferentes actividades desarrolladas durante la consultoría.
 Registro de las actividades realizadas para el levantamiento de información (medios de verificación: tales como resultados de entrevistas, cuestionarios, encuestas, fotografías, lista de asistencia entre otros).
 Otros antecedentes levantados, como por ejemplo actas de talleres.


2.6. PRESUPUESTO MÁXIMO DISPONIBLE


El presupuesto máximo disponible para la totalidad de los servicios a contratar asciende a la suma de $104.000.000 (ciento cuatro millones de pesos) valor con todos los impuestos incluidos.


2.7. EQUIPO DE TRABAJO


La Subsecretaría de Agricultura determina que la consultoría debe ser realizada por un equipo de trabajo de al menos tres (3) profesionales, incluido el/la jefe de consultoría. Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes podrán presentar un equipo conformado por más profesionales en la medida que lo consideren adecuado con el fin de alcanzar los objetivos planteados para el contrato.