La Defensoría, a través de la Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en el acto de apertura o durante el proceso de evaluación de las ofertas, siempre que tales rectificaciones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores ni afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá solicitar la presentación de certificaciones o antecedentes omitidos al momento de efectuar la oferta, siempre que éstos se hubieren producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas, o bien que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación, todo ello en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley N.º 19.886.

Para estos efectos, se otorgará al oferente un plazo breve y fatal de 2 días hábiles, contado desde el respectivo requerimiento efectuado a través del Sistema de Información, para subsanar errores u omisiones o acompañar los antecedentes solicitados. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recaerá exclusivamente en los oferentes.

La Comisión Evaluadora podrá aceptar ofertas que presenten defectos menores de forma, siempre que ello no altere el contenido esencial de la oferta ni confiera a su proponente una situación de privilegio respecto de los demás competidores.

Todas las consultas efectuadas por la Comisión Evaluadora, así como las respuestas y antecedentes remitidos por los oferentes, deberán informarse y publicarse a través del Sistema de Información.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se haga efectiva la facultad prevista en este artículo, ello deberá reflejarse en la evaluación del criterio relativo al cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley N.º 19.886 y en los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases.

La autoridad competente declarará inadmisibles las ofertas que no se ajusten a los requerimientos establecidos en las presentes bases, en la ley o en el reglamento. Asimismo, podrá declarar desierta la licitación, mediante resolución fundada, cuando no se presenten ofertas, cuando todas las ofertas presentadas resulten inadmisibles, o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la Defensoría Penal Pública. En tales casos, la respectiva resolución deberá publicarse en el Sistema de Información y no dará derecho a indemnización alguna a los oferentes.

La entidad licitante podrá proveer a la Comisión Evaluadora de la asesoría de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas objeto de la contratación. Dicha asesoría no reemplazará ni alterará las funciones y responsabilidad propias de la Comisión Evaluadora, la que mantendrá en todo caso la competencia para evaluar las ofertas y emitir el informe respectivo.

La Defensoría, a través de la Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales detectados en el acto de apertura o durante el proceso de evaluación de las ofertas, siempre que tales rectificaciones no les confieran una situación de privilegio respecto de los demás competidores ni afecten los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá solicitar la presentación de certificaciones o antecedentes omitidos al momento de efectuar la oferta, siempre que éstos se hubieren producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas, o bien que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación, todo ello en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley N.º 19.886.

Para estos efectos, se otorgará al oferente un plazo breve y fatal de 2 días hábiles, contado desde el respectivo requerimiento efectuado a través del Sistema de Información, para subsanar errores u omisiones o acompañar los antecedentes solicitados. La responsabilidad de revisar oportunamente dicho sistema durante el período de evaluación recaerá exclusivamente en los oferentes.

La Comisión Evaluadora podrá aceptar ofertas que presenten defectos menores de forma, siempre que ello no altere el contenido esencial de la oferta ni confiera a su proponente una situación de privilegio respecto de los demás competidores.

Todas las consultas efectuadas por la Comisión Evaluadora, así como las respuestas y antecedentes remitidos por los oferentes, deberán informarse y publicarse a través del Sistema de Información.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se haga efectiva la facultad prevista en este artículo, ello deberá reflejarse en la evaluación del criterio relativo al cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley N.º 19.886 y en los criterios de evaluación establecidos en las presentes bases.

La autoridad competente declarará inadmisibles las ofertas que no se ajusten a los requerimientos establecidos en las presentes bases, en la ley o en el reglamento. Asimismo, podrá declarar desierta la licitación, mediante resolución fundada, cuando no se presenten ofertas, cuando todas las ofertas presentadas resulten inadmisibles, o cuando éstas no resulten convenientes a los intereses de la Defensoría Penal Pública. En tales casos, la respectiva resolución deberá publicarse en el Sistema de Información y no dará derecho a indemnización alguna a los oferentes.

La entidad licitante podrá proveer a la Comisión Evaluadora de la asesoría de expertos de reconocido prestigio en las materias técnicas objeto de la contratación. Dicha asesoría no reemplazará ni alterará las funciones y responsabilidad propias de la Comisión Evaluadora, la que mantendrá en todo caso la competencia para evaluar las ofertas y emitir el informe respectivo.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

a)    El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República, en conformidad al artículo 485 del Código del Trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar y promover los derechos humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a realizar conductas atentatorias a los derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar los efectos de esas conductas cuando se produzcan.

b)    El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de el o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ello se deriven.

c)    El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

d)    El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar su veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia.

e)    El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, probidad y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f)     El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.

g)    El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad ofertadas.

h)    El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados, dependientes, asesores y/o agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.